Audiencia Nacional se inhibe en el recurso del hidroaeródromo de Tenerife.

La Audiencia Nacional ha dicho que no le corresponde decidir sobre el recurso que presentaron los promotores de un hidroaeródromo en el puerto de Tenerife. Este recurso se hizo porque la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Gobierno central decidió cerrar el proceso.

Según la empresa que impulsa el proyecto, ahora mismo todos los informes son desfavorables. Esto incluye los de la Autoridad Portuaria, AENA y el propio Estado. Justifican esta situación diciendo que es la primera vez que se intenta algo así en España.

La Audiencia Nacional no puede opinar sobre el cierre del trámite porque la decisión la tomó un organismo de menor rango que un ministro o secretario de Estado. Por eso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es quien debe decidir, y ni la empresa ni el Abogado del Estado se oponen a ello.

La resolución que se ha recurrido da por terminado el proceso administrativo. Esto significa que, después de estudiar el impacto ambiental del proyecto, la administración ha decidido que no es viable. Una de las dificultades para desarrollar servicios de hidroaviones comerciales en España es la normativa actual.

Esta normativa limita mucho la operación de hidroaviones en aguas españolas. Prácticamente solo pueden volar los hidroaviones que usa el Ejército del Aire para apagar fuegos o los que contratan el Ministerio de Agricultura y algunas comunidades autónomas.

La idea de poner en marcha este servicio surgió en 2022. Se pensaba que uniría Gran Canaria y Tenerife en solo una hora, y se anunció que se haría de forma inminente, después de muchas décadas sin este tipo de vuelos.

Este proyecto para recuperar las comunicaciones con hidroaviones lo impulsa una empresa con capital mayoritariamente canario, y también participa una compañía danesa.

Los responsables de esta nueva empresa explicaron que la fundaron para mejorar la conexión entre las islas con un transporte más rápido. Su objetivo era que se pudiera ir del centro de Santa Cruz de Tenerife al de Las Palmas de Gran Canaria en solo media hora.

Otras ventajas que destacaban eran unos controles de seguridad más rápidos y evitar los traslados y las esperas en los aeropuertos de cada isla.

La compañía calculaba transportar unos 15.000 pasajeros al año. Sus promotores siempre aseguraron que las maniobras que necesitarían en la bahía del puerto serían mínimas, apenas 200 metros frente a la antigua estación del jet foil.

Por eso, presentaron el proyecto del hidroaeródromo, diseñado para que los hidroaviones pudieran amerizar en solo dos minutos y no molestar el tráfico del puerto.

La Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) hizo una evaluación ambiental que ponía algunas condiciones y proponía alternativas, pero no se oponía de forma rotunda. Sin embargo, después, varias asociaciones del sector empezaron a mostrar su desacuerdo.