Puerto de la Cruz, primer municipio español con unidad antiacoso escolar.

Puerto de la Cruz será el primer municipio de España en crear una unidad dedicada a ayudar a las víctimas de acoso escolar. Casi un año después de que Lucía, una niña de 12 años, se quitara la vida en el municipio, el dolor por su pérdida ha impulsado al ayuntamiento a actuar para evitar que algo así vuelva a suceder.

Esta Unidad Comarcal de Atención a Víctimas de Acoso Escolar será pionera tanto en Canarias como en el resto de España. Su objetivo es ofrecer una respuesta completa, coordinada y cercana ante una forma de violencia que preocupa cada vez más a la sociedad y a la comunidad educativa.

La iniciativa surge de una propuesta conjunta de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) y la Asociación Rompe el silencio Canarias. Ambas entidades entienden que el acoso escolar no es un hecho aislado, sino una violencia continuada entre compañeros, basada en un desequilibrio de poder, que deja secuelas profundas en quienes la sufren.

Además, la propuesta advierte que esta realidad va más allá de las aulas y empeora con el uso de las redes sociales y el ciberacoso. Esto convierte el hostigamiento en una experiencia constante para los menores, que a menudo lo padecen en silencio.

El acuerdo del pleno municipal destaca la complejidad de este problema, que no solo incluye agresiones físicas, sino también maltrato psicológico, humillación verbal, exclusión social o la difusión de rumores. Estas agresiones, más o menos evidentes, pueden afectar gravemente el rendimiento escolar, la salud mental y el desarrollo emocional de niños y adolescentes.

"Es una guerra ganada", afirma Laura Fernández, fundadora de la asociación y madre de Lucía. Para ella, este paso es "un impulso" para las familias que llevan tiempo pidiendo a las instituciones que aborden el acoso escolar con más firmeza. Sin embargo, este es solo el principio, ya que su meta es que la iniciativa se extienda a todo el país. Por ello, Fernández acudirá este mismo mes al Congreso de los Diputados para presentar una propuesta de ley que refuerce la lucha contra el bullying.

Fernández insistió en la urgencia de tener una ley integral contra el acoso escolar y de poner el foco en el suicidio infantil y juvenil. "Hay que ser realistas. Cada día hay más casos y va a ir a más. Es una situación muy grave y no hay una ley que nos ampare", declaró. Explicó que, además de impulsar su propia iniciativa, mantiene contacto y apoyo mutuo con otras madres y padres de diferentes puntos del país que también están promoviendo acciones similares.

Desde su experiencia personal, Fernández cree que su caso muestra hasta dónde pueden llegar las consecuencias del acoso escolar. "El próximo 20 de febrero se cumple un año del suicidio de Lucía y sigue sin haberse hecho justicia", lamentó.

Uno de los puntos clave de la propuesta es su enfoque comarcal, algo que Fernández considera fundamental. La iniciativa es pionera en Canarias y en España, aunque en Conil de la Frontera, en Cádiz, ya existe una "mesa del bullying" que también fue pionera. "Somos pioneros en Puerto de la Cruz en hacer algo así. En Conil de la Frontera, en Cádiz, existe una mesa del bullying y también fueron pioneros", aclaró.

Fernández aseguró que la Asociación Rompe el silencio Canarias mantendrá un papel activo y de acompañamiento junto al Ayuntamiento. "No vamos a soltar la mano. Nadie mejor que nosotros sabe lo que es y hasta dónde puede llegar el bullying".

Para David Hernández, concejal de Participación Ciudadana, la creación de esta unidad responde a una realidad "demoledora". "Los datos que hay encima de la mesa, tanto de niños y niñas que han perdido la vida como de los que están sufriendo en la actualidad, obligan a actuar", afirmó. Hernández destacó que, aunque las familias y el profesorado son esenciales, sin el apoyo institucional no se puede afrontar el problema de manera eficaz. "Sin la voluntad política y sin la inversión en recursos humanos y económicos de las administraciones esto no se podría hacer. Y si no lo hacemos, si miramos para otro lado, vamos a ser cómplices", recalcó.

El concejal adelantó que este mismo mes comenzarán las reuniones entre las distintas áreas municipales para definir cómo se organizará y funcionará la futura unidad de atención y la escuela para las familias, dos acciones que dependen directamente del Ayuntamiento. "Hay otras medidas que requieren un ámbito comarcal e, incluso, la implicación del Gobierno de Canarias, a quien instamos con la aprobación de la moción", añadió.

La futura Unidad Comarcal se concibe como un recurso multidisciplinar de referencia, formado por profesionales de la psicología, el trabajo social y el ámbito jurídico. Tendrá capacidad para atender no solo a las víctimas, sino también a sus familias y a quienes ejercen el acoso, siguiendo modelos de atención integral similares a los que ya existen en otros tipos de violencia.

Además, el acuerdo incluye la creación de una Unidad Multidisciplinar de Intervención a nivel municipal, con la participación de las áreas de Educación, Deportes, Salud y Servicios Sociales, junto a las fuerzas de seguridad. También se pondrá en marcha una Escuela Municipal de Familias para ayudar a afrontar los nuevos retos educativos desde casa.