La DGT intensifica la vigilancia sobre los escapes modificados este verano con multas de hasta 600 euros
La DGT ha intensificado los controles de tráfico este verano, sancionando con hasta 600 euros y la posible inmovilización del vehículo a quienes circulen con sistemas de escape modificados o no homologados.
La temporada estival ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), que estima un volumen de 104 millones de desplazamientos en las carreteras españolas durante julio y agosto. Tal y como recoge el Real Automóvil Club de España (RACE), este incremento en la intensidad del tráfico ha derivado en un refuerzo de los controles rutinarios, donde los agentes están prestando especial atención a la legalidad de las modificaciones mecánicas, con el foco puesto en los sistemas de escape.
El marco normativo, concretamente el artículo 7 del Reglamento General de Circulación, es taxativo al respecto: la circulación con vehículos que carezcan de silenciador o que presenten alteraciones destinadas a eludir la atenuación acústica está terminantemente prohibida. Esta restricción no solo responde a una cuestión de confort sonoro, sino que se fundamenta en la necesidad de garantizar que los gases de combustión sean tratados correctamente antes de su expulsión, evitando tanto la emisión de humos que comprometan la visibilidad de otros usuarios como la proyección de residuos de combustible.
Desde una perspectiva técnica, cualquier intervención en el sistema de evacuación de gases que no cuente con la debida homologación supone un obstáculo insalvable para superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Los centros de inspección verifican que los niveles de ruido y las emisiones contaminantes se mantengan dentro de los parámetros originales definidos por el fabricante. En caso de detectar manipulaciones, el titular del vehículo se enfrenta a una inspección desfavorable, lo que le obliga a restituir el sistema original o instalar componentes certificados antes de poder circular legalmente.
Las consecuencias económicas para quienes incumplan estas directrices son significativas. La infracción por circular con un escape defectuoso o modificado conlleva una sanción administrativa de 200 euros. No obstante, si el vehículo excede los umbrales de contaminación acústica fijados por las ordenanzas municipales, la cuantía puede ascender hasta los 600 euros. A esto se suma la potestad de los agentes para inmovilizar el vehículo en el acto si se constata que el automóvil supera los límites permitidos de ruido o emisiones, una medida que busca mitigar el impacto ambiental y acústico en el entorno urbano e interurbano.