Ordenan la retirada del Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife por exaltación franquista
La Dirección General de Memoria Democrática ha ordenado la retirada del Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife al considerarlo un elemento de exaltación franquista que contraviene la Ley de Memoria Democrática.
La reciente resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática marca un punto de inflexión en la gestión de los vestigios del régimen franquista en España, al ordenar la retirada del Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife. Según ha trascendido, el departamento ministerial ha determinado que esta pieza escultórica, obra de Juan de Ávalos, debe ser extraída del espacio público tras concluir que su presencia contraviene los principios de la Ley de Memoria Democrática, al ser identificada como un elemento de exaltación del golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura.
Este dictamen, que se apoya en el informe vinculante emitido por la Comisión Técnica el pasado 23 de junio de 2026, desestima los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La administración local, apoyada por informes de entidades como la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y la Fundación CICOP, había intentado blindar la permanencia del monumento apelando a sus valores artísticos y arquitectónicos. No obstante, el Ministerio ha subrayado que, si bien la calidad técnica de la obra no es objeto de disputa, esta no prevalece sobre la finalidad propagandística para la que fue erigida, invalidando así cualquier intento de resignificación.
La ejecución de esta medida queda supeditada a la finalización del régimen de protección provisional derivado de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, tras el rechazo del Consejo de Patrimonio Cultural a declarar el conjunto como Bien de Interés Cultural (BIC). Una vez expire dicho periodo, el consistorio tinerfeño dispondrá de un plazo de seis meses para proceder al traslado del monumento a una dependencia pública, donde deberá permanecer bajo custodia sin posibilidad de exhibición. El incumplimiento de este mandato activaría los mecanismos sancionadores previstos en el artículo 37 de la normativa estatal.
Esta decisión no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una ofensiva ministerial más amplia para depurar el espacio público de simbología totalitaria. El ministro Ángel Víctor Torres ha confirmado que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha incluido en su catálogo otros elementos, como el Monumento a los Rumanos Caídos en Majadahonda y diversas inscripciones en las catedrales de Murcia y Almería. Estas actuaciones, que se suman a los procesos ya en marcha sobre la Cruz de los Caídos de Cáceres y el Monumento a las Víctimas del Crucero Baleares en Palma, responden, según el Ejecutivo, a la necesidad de garantizar que los entornos urbanos sean coherentes con los valores constitucionales de justicia y reparación.
Contra esta resolución, que aún no agota la vía administrativa, cabe la interposición de un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en el plazo de un mes. Con este movimiento, el Gobierno reafirma su voluntad de aplicar la Ley de Memoria Democrática como herramienta para evitar que la monumentalización del poder dictatorial siga condicionando la convivencia democrática actual.