Condenados 15 narcos por blanqueo en Tenerife: 84 años y 13 millones en multas

La Audiencia Nacional ha cerrado un caso judicial muy complejo que ha destapado una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional. Este grupo gestionaba su dinero y sus bienes principalmente en Tenerife, usando una red de empresas para esconder y mover grandes cantidades de dinero.

La sentencia, anunciada este lunes tras el juicio celebrado en octubre, condena a quince personas. Les impone importantes penas de prisión, multas millonarias y el decomiso de sus bienes. El tribunal ha confirmado que existía una estructura empresarial usada para blanquear dinero. En total, se han dictado 84 años y cinco meses de cárcel y multas que suman 13.190.767,67 euros.

Las detenciones se realizaron entre 2011 y 2012 en La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz, Adeje, Málaga y Madrid. El líder de la organización y sus padres, que estaban al frente de las empresas en Tenerife, huyeron a Italia, pero fueron detenidos allí y extraditados a España.

El tribunal ha probado que el jefe de la trama no solo participó directamente en importantes operaciones de tráfico de cocaína, sino que también diseñó y dirigió una estructura empresarial estable para blanquear grandes cantidades de dinero. Por estos hechos, fue condenado a 21 años y un día de prisión, además de multas que superan los ocho millones de euros. La sentencia destaca que, aunque muchas veces no figuraba como administrador oficial, el capo controlaba realmente las empresas, aportaba los fondos, decidía las inversiones y actuaba como avalista personal de la mayoría de los préstamos hipotecarios.

Una de las piezas clave de este entramado fue Ludofin S.L., una empresa con sede en Puerto de la Cruz, creada en 2006. Al principio, el jefe poseía el 70 % del capital social y su pareja el 30 % restante. Más tarde, esta participación pasó a manos de la madre del principal acusado. Aunque la empresa tenía formalmente un objeto social relacionado con la restauración, la Audiencia Nacional señala que su actividad real consistía en conceder préstamos privados (por un total de 328.000 euros) y en comprar inmuebles y vehículos de lujo, operaciones que no encajaban con los ingresos declarados. El líder de la red actuó como representante en las compras, firmó contratos y avaló personalmente los préstamos hipotecarios.

Además de Ludofin, el capo utilizó Cavallino Import S.L., domiciliada en Los Realejos. Esta sociedad, que al principio se dedicaba a la venta minorista de calzado, fue administrada primero por su padre y luego por su madre. La sentencia acredita que Cavallino Import S.L. se usó para la compraventa repetida de inmuebles y vehículos, con operaciones que en muchos casos no aparecían en la contabilidad y que incluían pagos en efectivo. El padre del jefe de la organización fue condenado a cuatro años y siete meses de prisión por blanqueo, actuando como administrador formal y testaferro, sin tener ingresos suficientes que justificaran el volumen de operaciones realizadas.

El entramado empresarial se completó con BMax1 Games S.L., también con sede en Puerto de la Cruz. Esta empresa apenas tenía actividad comercial ni empleados, pero en poco tiempo adquirió vehículos de alta gama, algunos de los cuales se vendieron en operaciones en efectivo. La administración formal recaía en la madre del capo, mientras su padre figuraba como apoderado y verdadero gestor.

El círculo familiar más cercano tuvo un papel importante. El hermano del jefe fue condenado a cuatro años y siete meses de prisión por blanqueo de capitales. Figuraba como administrador único de Azzurra 2005 S.L., una empresa de restauración en La Orotava. A pesar de declarar pérdidas de forma continua, la empresa compró vehículos y manejó efectivo. En un almacén del restaurante se encontraron más de 14.000 euros listos para ser entregados al jefe. La cuñada del jefe, socia única de Azzurra 2005 S.L., también fue condenada a cuatro años y siete meses de prisión. Ambos figuraban como titulares de bienes y préstamos hipotecarios financiados con fondos aportados por el jefe.

La pareja sentimental del principal acusado también desempeñó un papel clave y fue condenada a cuatro años y siete meses de prisión por blanqueo. Fue socia inicial de Ludofin S.L. y figuró como titular oficial de inmuebles y préstamos hipotecarios en Tenerife, a pesar de estar desempleada. La propia sentencia recoge que ella reconoció que los bienes se habían adquirido con dinero de su marido, quien le transfería mensualmente las cantidades necesarias para afrontar los pagos.

Entre las personas de confianza, destaca un empleado de varias de las empresas de la red. Fue condenado como cómplice de blanqueo y por tenencia ilícita de armas. Según la Sala, actuó como intermediario, encargándose de recibir, custodiar y entregar dinero en efectivo de operaciones comerciales y de la venta de vehículos. No fue detenido formalmente, sino que compareció voluntariamente en dependencias policiales. Junto a él, aparece una mujer, residente en Puerto de la Cruz, condenada a tres años y tres meses de prisión por blanqueo, por participar en la gestión y ocultación de fondos sin figurar como administradora formal de ninguna empresa.

Mientras Tenerife funcionaba como plataforma económica y de bienes, la actividad de narcotráfico se desarrollaba fuera de la isla. La sentencia condena a un hombre a nueve años de prisión por su participación en operaciones para introducir cocaína desde Argentina a España; en una de ellas, recogió en Madrid un envío de Argentina que contenía 261,53 gramos de cocaína.

También fueron condenados otros dos hombres, tras probarse un viaje a Colombia para introducir cocaína en España llevándola oculta dentro de su cuerpo. Uno de ellos fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas con 667 gramos de cocaína, mientras que Clemente fue arrestado cuando iba a esperarlo, con billetes y reservas para seguir viaje a Italia. Clemente fue condenado además por blanqueo de capitales.

En esta parte económica externa, también aparecen terceras personas, vinculadas por familia o amistad, que colaboraron con la trama. Dos de ellos fueron condenados como cómplices de blanqueo por su participación en operaciones financieras y por recibir préstamos de las empresas controladas por el capo en Tenerife.

En la operación se incautaron 9,7 kilos de cocaína en distintos puntos, aunque durante la investigación se recopilaron conversaciones de operaciones que no pudieron ser interceptadas o que fracasaron.

El fallo acordó, además de las penas de prisión y las multas, el decomiso de dinero, inmuebles, vehículos y otros efectos intervenidos. Subrayó que las empresas analizadas carecían de actividad real suficiente para justificar el volumen de fondos manejados. Para la Audiencia Nacional, quedó plenamente demostrado que el entramado empresarial establecido en Tenerife fue utilizado de forma sistemática para ocultar, transformar y reintroducir en el circuito legal los beneficios procedentes del tráfico de drogas, configurando un caso ejemplar de criminalidad organizada y blanqueo de capitales.