La DGT refuerza la vigilancia en las carreteras españolas con 33 nuevos radares
La DGT ha reforzado la vigilancia en las carreteras españolas con la instalación de 33 nuevos radares, incluyendo tres dispositivos en Canarias, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial mediante un mayor control de la velocidad.
La estrategia de vigilancia en las vías españolas ha experimentado un refuerzo significativo con la reciente activación de 33 nuevos cinemómetros, una medida que, según los datos difundidos por la Dirección General de Tráfico (DGT), busca incidir directamente en la reducción de la siniestralidad vial. Este despliegue, que abarca una amplia representación geográfica —incluyendo Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia y Murcia—, pone el foco en el control de la velocidad, factor que el organismo estatal identifica como una de las causas determinantes en la gravedad de los accidentes.
En el caso específico del archipiélago canario, la infraestructura de control se ha visto incrementada con tres nuevos puntos de vigilancia. En Tenerife, la atención se centra en la TF-1, concretamente en el punto kilométrico 76+940 D. Por su parte, Gran Canaria ha sumado dos dispositivos: un radar fijo ubicado en la GC-20 (punto 2+700 D) y un sistema de tramo en la GC-23, que monitoriza el flujo vehicular entre los puntos 1+480 C y 4+030 C. Este último mecanismo resulta especialmente relevante, ya que, a diferencia de los radares convencionales, obliga a los usuarios a mantener una velocidad media constante a lo largo de un trayecto prolongado, evitando así las frenadas bruscas ante puntos de control aislados.
La necesidad de estas medidas se sustenta en una realidad estadística preocupante: solo durante el presente año, las autoridades han tramitado más de 118.000 expedientes sancionadores en Canarias por incumplimiento de los límites de velocidad, consolidando esta infracción como la más frecuente en las carreteras de las islas. La DGT subraya que la implementación de estos sistemas no es un hecho aislado, sino la continuación de una política iniciada en 2005, la cual, según sus balances, ha contribuido a un descenso del 75% en el número de fallecidos en las vías nacionales.
Desde una perspectiva normativa, el incumplimiento de los límites establecidos conlleva un régimen sancionador que oscila entre los 100 y los 600 euros, además de la detracción de entre 2 y 6 puntos del permiso de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción. Más allá del componente punitivo, el organismo insiste en que la física es ineludible: el aumento de la velocidad reduce drásticamente el margen de reacción del conductor y eleva exponencialmente la severidad de las lesiones en caso de colisión, un argumento que justifica la continua expansión de la red de radares en el territorio nacional.