Entra en vigor el nuevo Real Decreto para garantizar menús escolares saludables y sostenibles en España
El nuevo Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles establece una normativa obligatoria para todos los centros educativos españoles que prioriza la dieta mediterránea, limita los ultraprocesados y fomenta el consumo de productos locales y ecológicos para combatir la obesidad infantil.
La implementación del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, publicado el pasado 16 de abril de 2025 en el Boletín Oficial del Estado, marca un punto de inflexión en la política de salud pública española. Esta normativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con otros cuatro departamentos ministeriales, trasciende la mera gestión de menús para consolidarse como una herramienta estratégica contra la obesidad infantil, un problema cuya prevalencia está estrechamente vinculada a la desigualdad socioeconómica, tal como evidencian los datos del estudio ALADINO 2023 de la AESAN.
La regulación impone un marco de obligado cumplimiento para todos los centros educativos —públicos, concertados y privados— que impartan desde Infantil hasta Formación Profesional. El eje central de la reforma es la transición hacia el modelo de dieta mediterránea, priorizando el consumo de legumbres, hortalizas, frutas, cereales integrales y frutos secos. En este sentido, la norma exige que la oferta diaria incluya vegetales frescos, de los cuales al menos el 45% deben ser de temporada, con el objetivo añadido de dinamizar el sector primario local.
El rigor nutricional se extiende a la limitación de productos ultraprocesados y técnicas culinarias poco saludables. Se establece un calendario restrictivo para los precocinados, como croquetas o pizzas, limitados a una vez al mes, mientras que las frituras quedan restringidas a una frecuencia semanal, debiendo emplear exclusivamente aceites de oliva o girasol alto oleico. Asimismo, se ha fijado un tope de 200 kilocalorías y 5 gramos de azúcar añadido por porción para cualquier artículo disponible en máquinas de venta automática o cafeterías escolares, prohibiendo explícitamente las bebidas energéticas y azucaradas, así como la bollería industrial.
La sostenibilidad ambiental también ocupa un lugar destacado en el decreto, que obliga a que un 5% del presupuesto alimentario se destine a productos ecológicos o, alternativamente, a la inclusión de dos platos de esta categoría al mes. Esta apuesta por la proximidad y la reducción de envases monodosis se complementa con la obligatoriedad de que el agua sea la única bebida permitida durante las comidas, debiendo los centros garantizar el acceso a fuentes y jarras.
En cuanto a la composición proteica, la normativa busca corregir carencias históricas, exigiendo la presencia de pescado entre una y tres veces por semana y limitando la carne roja a una ración semanal, mientras que los embutidos y carnes procesadas se restringen a dos ocasiones mensuales. La supervisión de estas pautas recaerá en profesionales de la nutrición, quienes deberán informar a las familias sobre la trazabilidad de los ingredientes y los alérgenos, garantizando además la adaptación de los menús a necesidades culturales, religiosas o de salud.
Finalmente, el Ejecutivo ha subrayado que la aplicación de estas medidas, para las cuales los centros ya disponen de un periodo de adaptación de un año, no debe repercutir en el coste del servicio para las familias. El cumplimiento de estas directrices será objeto de vigilancia por parte de las comunidades autónomas, que ostentan la potestad sancionadora ante posibles incumplimientos, asegurando así que el derecho a una alimentación equilibrada sea efectivo para todo el alumnado, independientemente de su nivel de renta.