El Gobierno aprueba un real decreto para digitalizar la gestión del tráfico y la seguridad vial
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que digitaliza las infraestructuras viarias españolas mediante la centralización de datos en los Puntos de Acceso Nacional, impulsando la seguridad vial a través de la conectividad en tiempo real.
La reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de un nuevo Real Decreto, tal y como ha informado el Ministerio de Transportes y la DGT, marca un punto de inflexión en la digitalización de las infraestructuras viarias españolas. Esta norma, que traspone la Directiva (UE) 2023/2661, no solo busca una mayor eficiencia operativa, sino que pretende consolidar un ecosistema de movilidad cooperativa donde la información fluya sin fricciones entre los distintos actores del sector.
El núcleo de esta estrategia reside en la consolidación de los Puntos de Acceso Nacional. Estas plataformas actúan como nodos de interoperabilidad, permitiendo que tanto la administración como los gestores privados compartan datos críticos sobre el estado de la red. En la práctica, esto supone la centralización de información sobre incidencias, obras o restricciones en tres pilares fundamentales: el nodo de tráfico gestionado por la DGT —activo desde 2021—, el nodo de transporte multimodal y el específico para zonas de estacionamiento seguro destinadas al transporte pesado. La obligatoriedad de comunicar telemáticamente cualquier alteración en la vía busca reducir los tiempos de respuesta ante situaciones de riesgo, permitiendo que los conductores reciban alertas precisas de manera casi instantánea.
Este despliegue normativo es el respaldo legal necesario para las tecnologías que la Dirección General de Tráfico ha ido integrando en el parque móvil nacional. Herramientas como la plataforma DGT 3.0, junto con el uso de dispositivos V16, conos y grúas conectadas, dejan de ser proyectos piloto para convertirse en elementos estandarizados de la seguridad vial. La capacidad de estos dispositivos para emitir señales en tiempo real sobre vehículos inmovilizados o trabajos en la calzada es, a juicio de los expertos, un paso decisivo hacia la automatización del tráfico.
No obstante, el texto legal introduce salvaguardas fundamentales en materia de derechos ciudadanos. El tratamiento de la información personal queda supeditado a la estricta necesidad operativa, bajo el paraguas de la normativa de protección de datos vigente. Asimismo, el decreto pone énfasis en la accesibilidad universal, exigiendo que la transición hacia este modelo digital no deje atrás a colectivos con menor competencia tecnológica o personas con discapacidad, garantizando que la tecnología actúe como un facilitador y no como una barrera.
Con este movimiento, España alinea su hoja de ruta con los objetivos de la Unión Europea para la creación de un espacio común de movilidad inteligente. La apuesta es clara: transformar la gestión del transporte mediante la conectividad, buscando una reducción de la siniestralidad y una optimización de los recursos en un entorno donde la información compartida es, hoy, el activo más valioso para la seguridad en carretera.