El Gobierno aumenta la bonificación al diésel a 20 céntimos y reduce a la mitad la ayuda a la gasolina
El Gobierno español ajusta los subsidios a los combustibles, elevando la bonificación del gasóleo a 20 céntimos por litro y reduciendo la de la gasolina a 5 céntimos ante la volatilidad de los precios.
La política de subsidios a los combustibles fósiles en España experimenta desde este martes un giro significativo, marcado por la divergencia en el tratamiento fiscal entre el gasóleo y la gasolina. Tal y como recoge la información publicada recientemente, el Ejecutivo ha activado una cláusula de salvaguarda contemplada en el Real Decreto 7/2026, que ajusta la intensidad de las ayudas en función de la volatilidad de los precios en el mercado mayorista.
El impacto más notable recae sobre los usuarios de vehículos diésel, quienes verán incrementada la bonificación hasta los 20 céntimos por litro. Esta medida responde a una lógica de contención ante el encarecimiento del gasóleo, que experimentó un repunte superior al 15% durante el mes de julio. En términos prácticos, esta intervención estatal permitirá un ahorro estimado de 10 euros por cada repostaje estándar de 50 litros, aliviando parcialmente la presión inflacionista sobre el transporte profesional y privado que depende de este carburante.
Por el contrario, la situación para los conductores de gasolina es distinta. La ayuda pública se reduce a la mitad, pasando de los 10 céntimos vigentes en agosto a los 5 céntimos actuales. Este descenso se fundamenta en el incumplimiento del umbral de carestía fijado por la normativa; al registrarse un incremento del 7,3% en julio, el precio de la gasolina no alcanzó el límite del 15% necesario para activar el refuerzo de la subvención.
Este esquema de ayudas, diseñado como una herramienta de carácter temporal para amortiguar el impacto del coste energético en los hogares y empresas, se encuentra en una fase de retirada progresiva. Según el marco normativo vigente, el horizonte de estas bonificaciones está fijado para el próximo mes de octubre. A menos que el Gobierno opte por una nueva prórroga o una reconfiguración de los criterios de aplicación, septiembre se perfila como el último periodo en el que los consumidores podrán beneficiarse de este alivio directo en el precio final del surtidor. La medida subraya la complejidad de equilibrar la sostenibilidad de las arcas públicas con la necesidad de proteger el poder adquisitivo frente a la inestabilidad de los mercados internacionales de crudo.