El PSOE lleva a los tribunales al Gobierno de Canarias por la falta de transparencia en las ayudas de La Palma

La judicialización de la labor de control parlamentario en Canarias ha alcanzado un nuevo hito tras la decisión de la diputada socialista Alicia Vanoostende de elevar a los tribunales la falta de acceso a expedientes públicos sobre la reconstrucción de La Palma. Según ha trascendido en las últimas horas, la parlamentaria ha optado por la vía contencioso-administrativa ante la negativa reiterada del Ejecutivo regional —formado por Coalición Canaria y el Partido Popular— a facilitar el listado de perceptores de las subvenciones vinculadas a la erupción de Cumbre Vieja, a pesar de contar con el aval previo de la Mesa de la Cámara autonómica.

Este conflicto pone de relieve la tensión existente en torno a los límites del derecho de acceso a la información pública, una prerrogativa esencial para el ejercicio de la función fiscalizadora de los representantes electos. Vanoostende, respaldada por la cúpula insular del PSOE palmero —con la presencia de Borja Perdomo y Francisco Paz—, ha desvinculado su acción judicial de una crítica directa a la cuantía o al destino de los fondos, centrando el debate en la obstrucción institucional. La diputada sostiene que la transparencia no debe quedar supeditada a la voluntad política del Gobierno, sino que constituye una obligación legal ineludible para garantizar el correcto funcionamiento del sistema democrático.

Desde una perspectiva jurídica, el caso subraya la relevancia del artículo 23 de la Constitución Española, que protege el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reiterado en múltiples ocasiones que el derecho de los parlamentarios a obtener información de los órganos de gobierno es un pilar básico del parlamentarismo, cuya restricción injustificada puede suponer una vulneración de los derechos fundamentales del cargo.

La parlamentaria ha articulado su denuncia sobre la base de un proceso administrativo que, según su relato, ha agotado las vías previas de reclamación sin obtener respuesta por parte del Ejecutivo. Al trasladar el asunto a la justicia, Vanoostende busca sentar un precedente sobre la obligatoriedad de rendir cuentas en la gestión de crisis, argumentando que la opacidad en la distribución de ayudas públicas no solo dificulta la labor de la oposición, sino que erosiona la confianza de la ciudadanía en la gestión de los recursos destinados a la recuperación de la isla tras la catástrofe volcánica.