Cuatro años de lucha: Hermanas recuperan su casa okupada.

Elena y Aurora Castro han recuperado por fin la casa de su familia. Han sido más de cuatro años de lucha contra la okupación. Su vivienda, en el número 46 de la calle San Francisco Javier, en el barrio de El Toscal, fue ocupada en septiembre de 2021. Un hombre había entrado y decía llevar "30 años viviendo allí". Desde entonces, las hermanas no han parado de pelear para recuperarla.

Les costó tres años poder denunciar por la vía penal, después de haber presentado ya otras tres denuncias por la vía civil. Finalmente, el pasado 3 de noviembre, tras meses de espera e incertidumbre, se celebró el juicio. La sentencia les dio la razón y les permitió recuperar su hogar. "Fue el okupa quien nos entregó las llaves de los candados", cuenta Elena, recordando que ni siquiera ese momento fue fácil, ya que se resistía a dárselas.

Las hermanas aseguran que la casa "está totalmente diferente". Las paredes, que antes eran grises, ahora están pintadas de azul y algunas parecen recién puestas. En el baño habían hecho un agujero, por donde los okupas entraban y salían. Curiosamente, cuando recuperaron la casa, el agujero ya estaba tapado. De hecho, el mismo día del juicio, al entrar, vieron que "el cemento estaba reciente". Creen que es posible que intentaran hacer más agujeros en otras partes de la vivienda. "Si tocas las paredes, algunas suenan huecas", explican.

El problema con los okupas empezó en 2021. Las hermanas leyeron que el Ayuntamiento de Santa Cruz iba a aprobar el Plan Especial de Protección de El Toscal, lo que les permitiría por fin vender o reformar su casa. Sin embargo, la aprobación se retrasó y no llegó hasta 2023.

Hay que recordar que El Toscal es un barrio de Santa Cruz con mucho valor histórico. Pero desde los años noventa, ha sufrido un bloqueo urbanístico que ha impedido cualquier reforma. Esto ha dejado muchas casas deterioradas y abandonadas. Las hermanas creen que esta situación atrae a los okupas, que "aprovechan que los dueños no pueden hacer obras ni vender".

A principios de 2021, las hermanas contactaron con una inmobiliaria para ver la casa y ponerla a la venta. Pero al llegar, se encontraron al okupa. Le pidieron que se fuera, pero él se negó. En noviembre de ese mismo año, volvieron y lo encontraron de nuevo dentro. Además, vieron que en el baño había un agujero, tapado con tela negra, por donde salían otras personas. Mientras hablaban con él, intentó cerrarles la puerta. "Salimos corriendo. No queremos ni pensar qué habría pasado", relatan.

Desde ese momento, empezó un verdadero calvario burocrático. Hablaron con abogados, agentes de patrimonio, técnicos de catastro (que tardaron años en solucionar un problema de 17 metros "robados" por un vecino) y funcionarios que, según denuncian, las trataron "con desprecio". Un abogado experto incluso les dijo que echar al okupa sería "más caro que vender la casa".

En marzo de 2023, presentaron su primera denuncia ante la Policía Nacional. Pero ni siquiera les aceptaban los documentos del Registro de la Propiedad. "A él le pusieron abogado de oficio y procuradora; a nosotras, nada", destaca Elena. Mientras tanto, los okupas construyeron un muro sin permiso, y las hermanas empezaron a recibir insultos y amenazas de hombres cada vez que se acercaban al barrio.

En 2024, con un nuevo abogado, presentaron una demanda civil. Cuando preguntaron por la fecha del juicio, les dijeron que la notificación se había "perdido". A pesar de todo, el juicio se celebró. La defensa del okupa dio versiones muy diferentes: que alguien le había dado permiso, que llevaba años viviendo allí o que las hermanas no habían heredado la casa legalmente. "Tenemos todos los papeles en regla", asegura Aurora.

El juez desestimó esa demanda civil por haber caducado. Sin embargo, las hermanas recuerdan que "el Tribunal Superior de Justicia dice que los delitos de usurpación no prescriben mientras sigan ocurriendo".

Por eso, en marzo de este año, presentaron una nueva demanda, esta vez por la vía penal. Y fue el 3 de noviembre cuando, por fin, se celebró el juicio que les permitió recuperar su vivienda.

A pesar de haber ganado, el miedo no se ha ido del todo. "Estuvimos cuatro años mirando por la ventana y cruzando la calle con cuidado, por si descubrían dónde vivimos o nos hacían algo en la calle", confiesan. Ahora se sienten "un poco más tranquilas", pero siguen viviendo con mucha cautela.