Siete marinos indios, atrapados en Tenerife tras ser víctimas de trata en un buque con droga
Siete marinos indios permanecen en situación de vulnerabilidad extrema en Tenerife tras ser víctimas de una presunta red de trata laboral y quedar atrapados en un proceso judicial por narcotráfico tras la incautación de su buque.
La situación de siete ciudadanos indios en Tenerife, quienes permanecen en un estado de indefensión jurídica y social tras la incautación del buque United S, pone de relieve las grietas en la protección de los trabajadores del mar frente a redes de explotación laboral. Tal y como recoge la información publicada recientemente sobre este caso, estos jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y los 26 años, se encuentran actualmente en libertad provisional, pero sujetos a medidas cautelares que les impiden abandonar el territorio nacional, tras haber formado parte de la tripulación del navío donde se hallaron 10 toneladas de cocaína.
El análisis de este caso trasciende la esfera penal para adentrarse en el terreno de la trata de seres humanos. Según los datos recabados por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), los afectados habrían sido víctimas de un sistema de captación irregular. Tras abonar sumas de entre 4.000 y 6.000 dólares a intermediarios en su país de origen, estos jóvenes —la mayoría sin experiencia previa en navegación— se embarcaron con la expectativa de obtener ingresos para saldar deudas familiares. La transición de la propiedad del buque, que pasó de manos turcas a la empresa hondureña Capo Maritime en octubre de 2025, marcó el inicio de una espiral de impagos y coacciones, culminando en el abordaje del barco en alta mar por individuos armados que, presuntamente, forzaron a la tripulación a cargar el estupefaciente bajo amenazas de muerte.
Desde su llegada a las islas, el grupo ha dependido exclusivamente de la red de asistencia local. Tras un periodo inicial de precariedad habitacional, fueron acogidos por la organización Stella Maris y, posteriormente, trasladados a la Casa del Mar tras el desalojo del buque incautado por falta de condiciones de habitabilidad. Aunque el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Autoridad Portuaria han logrado prorrogar su estancia en este centro hasta el 6 de abril, la incertidumbre sobre su futuro inmediato es absoluta.
La vulnerabilidad de estos marinos se ve agravada por la falta de asistencia consular, ya que, según denuncian, no han recibido contacto alguno por parte de la Embajada de la India en España. Mientras el proceso judicial sigue su curso —con otros seis tripulantes en prisión preventiva—, los siete jóvenes permanecen en un limbo administrativo: sin permiso de trabajo, sin recursos económicos y con la presión añadida de las familias que, en sus lugares de origen, aguardan unas remesas que nunca llegaron a producirse. La ITF continúa monitorizando el caso, advirtiendo que este episodio es un exponente crítico de cómo la precariedad laboral en el sector marítimo internacional facilita que trabajadores en situación de dependencia sean instrumentalizados por organizaciones criminales, dejándolos varados en tierra firme una vez que la justicia interviene.