Condenados a siete años y medio de cárcel el jefe de "Sell My Timeshare" y una docena de colaboradores por estafa millonaria en Tenerife.

Mark Rowe, el responsable de la empresa Sell My Timeshare, y una docena de sus colaboradores han sido condenados en el Reino Unido a siete años y medio de cárcel. Cumplen condena desde agosto y deberán pagar 30 millones de euros a las víctimas de una estafa relacionada con el negocio del "timesharing" (tiempo compartido) en Tenerife. Eva Gutiérrez, abogada de unas mil personas afectadas, ve esta sentencia como un paso esperanzador para que las víctimas recuperen su dinero.

La noticia la ha difundido la cadena pública BBC. Hace nueve años, esta cadena emitió un reportaje grabado con cámaras ocultas donde periodistas se hacían pasar por compradores de apartamentos en régimen de tiempo compartido en Tenerife.

Este reportaje causó un gran revuelo y dio lugar a una investigación que ha terminado con la condena de 14 personas. Fueron acusadas de estafar cerca de 30 millones de euros a 3.500 propietarios de apartamentos en el sur de Tenerife. La mayoría de los afectados tenían entre 60 y 80 años, y algunos llegaron a perder hasta 12.000 euros.

La abogada, que pertenece al bufete Canarian Legal Alliance (CLA), recuerda que en 2019 presentaron una denuncia penal que fue archivada. En ella, pedían a la Fiscalía que considerara la posibilidad de condenar a los dueños de empresas como Silverpoint, que ya contaban con sentencias firmes en la vía civil por un valor de 12 millones de euros.

La abogada, cuyo despacho está en Arguineguín, desconocía la emisión de aquel programa de televisión y el nombre de la compañía. Según explicó, esto es normal dada la gran cantidad de empresas que operan bajo distintos nombres.

"El problema es que esas compañías ya no existen en la práctica, sus responsables están ilocalizables y unas 70 sociedades están registradas en paraísos fiscales", señaló.

Eva Gutiérrez recuerda que la Udyco (la unidad de la Policía Nacional contra el crimen organizado) llegó a investigar este entramado, acumulando 19 tomos de documentación. En esta labor también participó la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

La Fiscalía llegó a presentar una denuncia en julio de 2020 por presunta frustración de la ejecución (lo que antes se conocía como alzamiento de bienes), insolvencia punible y estafa procesal, pero esta fue archivada provisionalmente.