Científicos denuncian irregularidades y fines lucrativos en el proyecto de Punta Blanca en Tenerife
Una coalición de científicos y académicos denuncia que los proyectos Ocean Citizen y Underwater Gardens en Punta Blanca buscan mercantilizar el litoral bajo una falsa apariencia de restauración ecológica, eludiendo además los controles ambientales mediante la fragmentación administrativa.
La comunidad científica ha elevado el tono contra la propuesta de intervención en el litoral de Punta Blanca, en Tenerife, cuestionando la integridad técnica y los fines últimos de los proyectos Ocean Citizen y Underwater Gardens. Tal y como recoge la documentación hecha pública por una coalición de más de veinte investigadores vinculados a instituciones como la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el CSIC, existe una preocupación creciente ante lo que califican como una instrumentalización de la ecología con fines lucrativos.
El núcleo de la controversia reside en la posible fragmentación administrativa del proyecto. Según los expertos, la división de la tramitación en dos expedientes —uno ante el Ministerio para la Transición Ecológica y otro ante el Cabildo de Tenerife— podría estar diseñada para evitar una evaluación de impacto ambiental integral. Esta maniobra permitiría, a juicio de los firmantes, ocultar la verdadera naturaleza de la intervención: un complejo turístico-recreativo que, según los propios documentos de los promotores, aspira a alcanzar una facturación anual superior a los 25 millones de euros, equiparándose en modelo de negocio a grandes parques temáticos de la isla.
Desde el ámbito académico se advierte sobre la falta de rigor en la justificación científica de la obra. Los especialistas señalan que no se ha realizado un diagnóstico previo que identifique las causas del deterioro ambiental en la zona, lo que invalida, a su entender, cualquier pretensión de restauración. Asimismo, critican la ausencia de precedentes validados para los trasplantes de especies propuestos en el ecosistema canario y alertan sobre la permanencia de las estructuras de hormigón en el lecho marino, las cuales, pese a presentarse como temporales, cuentan con cláusulas contractuales que permitirían su instalación definitiva.
El conflicto también pone el foco en la gestión de los fondos públicos europeos. Los investigadores denuncian un solapamiento de intereses donde la entidad privada que solicita la concesión actúa, a su vez, como socia del consorcio investigador, utilizando el prestigio de las universidades y acrónimos comunitarios para dotar de una legitimidad técnica que, según los expertos, no se corresponde con la realidad del proyecto.
Ante este escenario, la plataforma ciudadana "Salvar Punta Blanca" ha unido fuerzas con el sector académico para exigir la paralización inmediata de las actuaciones. La demanda es clara: las administraciones deben someter la iniciativa a un escrutinio independiente que esclarezca si el objetivo es la recuperación del patrimonio natural o, por el contrario, la mercantilización de un espacio público bajo una apariencia de sostenibilidad que los expertos no dudan en calificar de engañosa.