Santiago del Teide: Vecinos no pagarán la tasa de basura.
El Ayuntamiento de Santiago del Teide asume el coste de la recogida de basura, eximiendo a sus vecinos del pago de la tasa mientras su presupuesto lo permita y cumpliendo la ley.
Los vecinos de Santiago del Teide no pagarán la tasa por la recogida de basura. Esto será así mientras el ayuntamiento pueda cubrir el coste del servicio con su propio presupuesto. El alcalde, Emilio Navarro, asegura que esta medida protege la economía de los ciudadanos y cumple con la ley.
El Pleno municipal aprobó una nueva normativa sobre la recogida de residuos. Esta medida es obligatoria por una directiva europea y por la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados. Ambas exigen que los ayuntamientos tengan una forma de financiar este servicio.
Emilio Navarro explica que el Ayuntamiento ha trabajado mucho para aprobar esta ordenanza. Dice que es "completa, social y jurídicamente sólida", y que está preparada para el futuro. El alcalde subraya que su objetivo es "cumplir la ley, garantizar el servicio y proteger a los vecinos".
Por eso, el ayuntamiento decidió aplicar una "cuota cero". Esto significa que no se enviará ningún recibo a los vecinos de Santiago del Teide mientras el coste del servicio pueda pagarse con el presupuesto municipal.
Además, el acuerdo del Pleno incluye medidas para el futuro. Si en algún momento fuera necesario cobrar esta tasa, se haría de forma progresiva. Esto significa que se protegería a las personas más vulnerables y que quienes generen más basura pagarían más.
El alcalde insiste en que "este servicio esencial está garantizado, la ley se cumple y los vecinos no pagarán mientras no sea necesario". Emilio Navarro añade que esta decisión muestra una forma de gobernar "basada en la previsión, la responsabilidad y la buena gestión", lo que evita problemas y da estabilidad.
Todo esto viene de una directiva europea de 2018 (la Directiva UE 2018/851). Su objetivo principal es asegurar que los servicios de recogida y tratamiento de residuos en los municipios sean financieramente sostenibles. Desde el 1 de enero, el Gobierno central ha obligado a que los ayuntamientos repercutan a los ciudadanos el coste total de la recogida, gestión y tratamiento de la basura.