Santa Úrsula busca una ordenanza propia para frenar los vertidos ilegales de residuos
El Ayuntamiento de Santa Úrsula busca agilizar la sanción de vertidos ilegales de enseres mediante la creación de una ordenanza municipal específica que refuerce su capacidad punitiva ante el abandono recurrente de residuos en la vía pública.
La gestión de residuos urbanos en Santa Úrsula se enfrenta a un desafío persistente que pone a prueba la capacidad sancionadora del Consistorio. Tal y como recoge la información publicada recientemente sobre la situación en el municipio tinerfeño, la administración local se encuentra en una encrucijada jurídica: la ausencia de una ordenanza municipal específica obliga a las autoridades a apoyarse en la normativa medioambiental de carácter general para penalizar el abandono de enseres en la vía pública, una práctica que, en los casos más graves, podría derivar en multas de hasta 6.000 euros.
El último episodio de vertidos incontrolados, localizado en el entorno de La Calzada, ha servido para evidenciar las dificultades de control en puntos estratégicos como las calles Majuelos y Fuente Gonzalo. Según ha trasladado el concejal de Parques y Jardines, Samuel Hernández Rodríguez, la Policía Local ha logrado identificar a varios presuntos responsables, cuyas actuaciones están siendo evaluadas actualmente por el área de Hacienda y Recaudación para determinar la cuantía de la sanción. Este fenómeno, que se prolonga durante más de un lustro, presenta un patrón estacional, intensificándose notablemente durante las fechas navideñas y el inicio del calendario académico.
El problema trasciende la falta de civismo local, ya que el Ayuntamiento ha detectado que una parte significativa de los infractores se desplaza desde municipios colindantes para deshacerse de sus residuos en zonas menos transitadas de Santa Úrsula. Esta realidad choca con la optimización del servicio de recogida de enseres, gestionado a través de la Mancomunidad del Nordeste, que ha incrementado su frecuencia de paso hasta alcanzar una periodicidad casi diaria, además de ofrecer canales de solicitud gratuitos mediante vía telefónica y mensajería instantánea.
A pesar de que el Gobierno local ha reforzado la vigilancia policial y mantiene campañas de concienciación ciudadana, la carencia de una norma municipal propia —cuya tramitación se está coordinando actualmente con la Mancomunidad— limita la eficacia punitiva del Ayuntamiento. Aunque el responsable del área reconoce una evolución positiva en la conducta general de los vecinos, la persistencia de estos vertidos ilegales subraya la necesidad de completar el marco regulatorio local para dotar a la administración de herramientas jurídicas más ágiles y específicas frente a este tipo de infracciones medioambientales.