Santa Úrsula solicita ser Zona de Gran Afluencia Turística en medio de la polémica sindical
El Ayuntamiento de Santa Úrsula ha solicitado la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística para liberalizar los horarios comerciales, una medida que busca potenciar el tejido empresarial local pero que ha generado el rechazo frontal de Comisiones Obreras por el impacto negativo que podría suponer para la conciliación y las condiciones laborales.
La solicitud formal presentada por el Ayuntamiento de Santa Úrsula ante la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias para obtener la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre la dinamización económica y la estabilidad laboral en el sector servicios, tal y como ha informado recientemente la prensa local. Esta figura administrativa, que permite a los establecimientos comerciales operar con total libertad horaria y de apertura en domingos y festivos, busca homologar al municipio con las condiciones de las que ya disfrutan localidades limítrofes como Puerto de la Cruz y Los Realejos.
El equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde Juan Acosta, justifica esta medida como una herramienta necesaria para potenciar el tejido empresarial local, compuesto por cerca de 400 negocios. El Ejecutivo local argumenta que el crecimiento demográfico del municipio —que ha sumado unos 2.000 nuevos residentes en los últimos años— y el notable flujo de visitantes atraídos por la oferta gastronómica de la zona justifican una medida que, según el regidor, no impone una obligación de apertura, sino que otorga una capacidad de elección a los empresarios. Cabe recordar que Santa Úrsula ya contó con esta catalogación en 1999, aunque la misma quedó sin efecto a raíz de la crisis económica que afectó al país. Actualmente, el expediente se encuentra en fase de tramitación ante el Ejecutivo regional, sin que exista una fecha estimada para su resolución definitiva.
Sin embargo, la iniciativa ha encontrado una oposición frontal en Comisiones Obreras. El sindicato sostiene que la medida ignora la realidad de un sector ya marcado por la precariedad, la parcialidad en los contratos y las dificultades de conciliación familiar. Desde la organización sindical se cuestiona la necesidad de extender esta liberalización a los comercios minoristas, argumentando que el grueso de la oferta local ya corresponde a la restauración, sector que, por su naturaleza, ya opera sin restricciones horarias. Para los representantes de los trabajadores, la flexibilización de los días de apertura no se traducirá en una creación neta de empleo, sino en un deterioro de las condiciones de vida de las plantillas, al añadir una carga de trabajo en días tradicionalmente destinados al descanso.
Este conflicto pone de manifiesto la tensión recurrente en la normativa comercial española, donde la búsqueda de la competitividad turística choca a menudo con la protección de los derechos laborales. Mientras el Ayuntamiento defiende la medida como un ejercicio de igualdad competitiva frente a los municipios vecinos, el sindicato advierte que el coste social de esta liberalización recaerá directamente sobre las familias de los trabajadores, en un contexto donde la conciliación sigue siendo una asignatura pendiente en el sector servicios.