Protesta en el CEIP San Fernando por la falta de un intérprete de lengua de signos para una docente
La comunidad educativa del CEIP San Fernando en Santa Úrsula denuncia el bloqueo administrativo que impide a una docente con discapacidad auditiva contar con un intérprete de lengua de signos, evidenciando las carencias en la aplicación de las políticas de inclusión en Canarias.
La brecha entre la teoría normativa y la realidad operativa en el sistema educativo canario ha quedado patente tras la movilización protagonizada por la comunidad escolar del CEIP San Fernando, en Santa Úrsula. Tal y como recoge la información publicada recientemente, el centro ha alzado la voz para denunciar una situación de bloqueo administrativo que impide a Lidia Domínguez, docente con discapacidad auditiva, contar con el apoyo de un intérprete de lengua de signos, un recurso esencial para el desempeño de su labor profesional.
El conflicto trasciende la mera gestión de personal y se sitúa en el debate sobre la efectividad de las políticas de inclusión. Mientras que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha argumentado ante los medios que las dificultades para cubrir la plaza responden a problemas en los procesos de selección y a la falta de aceptación por parte de los candidatos, la versión sindical ofrece un relato divergente. Desde Comisiones Obreras se ha cuestionado la transparencia de este procedimiento, señalando que existen profesionales dispuestos a ocupar el puesto que han recibido respuestas negativas por parte de la administración, lo que ha motivado la intención de elevar una reclamación formal ante el Servicio Canario de Empleo.
La protesta, que congregó a familias, profesorado y representantes de los trabajadores, puso de relieve la importancia de esta figura técnica, que no debe confundirse con un mero acompañante, sino como un facilitador necesario para garantizar la equidad en el aula. La propia alumna de Tercero A que intervino en el acto subrayó que la calidad educativa no puede ser un concepto abstracto, sino una realidad tangible que permita a la docente ejercer su profesión sin barreras comunicativas.
Este caso pone de manifiesto las dificultades de implementación de la Ley de Inclusión Educativa, que obliga a las administraciones a proveer los medios necesarios para que el personal docente con discapacidad pueda desarrollar su carrera en igualdad de condiciones. La presencia de un intérprete de la entidad Afamca durante la concentración sirvió como recordatorio visual de la necesidad de estos apoyos técnicos. La resolución de este conflicto no solo afecta a la continuidad pedagógica de los alumnos de Santa Úrsula, sino que sienta un precedente sobre cómo la administración autonómica gestiona los derechos laborales y la accesibilidad en el entorno escolar público.