Polémica en Santa Úrsula por la solicitud de Zona de Gran Afluencia Turística
La solicitud del Ayuntamiento de Santa Úrsula para ser declarada Zona de Gran Afluencia Turística ha generado un conflicto político, con el Partido Popular oponiéndose a la medida por considerar que perjudicaría al pequeño comercio frente a las grandes cadenas.
La solicitud cursada por el Ayuntamiento de Santa Úrsula ante el Ejecutivo autonómico para obtener la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) ha abierto un frente de confrontación política en el municipio. Tal y como recoge la prensa local, la iniciativa del equipo de gobierno (AISU) busca flexibilizar los horarios comerciales para responder al volumen de visitantes que recibe la localidad, especialmente atraídos por su oferta gastronómica durante los fines de semana.
Esta pretensión ha sido contestada frontalmente por el Partido Popular, que ha anunciado la presentación de una moción en el próximo pleno municipal para forzar la retirada de la petición. El argumento central de la formación conservadora es que la liberalización de los horarios —que permitiría la apertura en domingos y festivos— no responde a una necesidad real del tejido comercial, sino que generaría un desequilibrio competitivo. Según el edil popular Jorge Ojeda, la medida favorecería de forma desproporcionada a las grandes cadenas, dejando en una posición de vulnerabilidad a los autónomos y negocios familiares que conforman la base económica del municipio.
Desde una perspectiva técnica, el debate se centra en la eficacia de la figura de la ZGAT en un entorno como el de Santa Úrsula. La normativa vigente ya contempla excepciones para los establecimientos de menos de 400 metros cuadrados, los cuales poseen autonomía para decidir sus días de apertura. Bajo este prisma, el PP sostiene que la declaración solicitada resulta redundante para el comercio de proximidad y que, en la práctica, solo supondría un beneficio para las grandes superficies ya instaladas en la zona.
El trasfondo de esta disputa refleja la tensión habitual en los municipios canarios entre la modernización de los servicios orientados al turismo y la preservación del modelo de comercio tradicional. Para el grupo popular, la decisión del gobierno local supone un riesgo para la sostenibilidad del empleo local y la vitalidad de las calles, instando al ejecutivo municipal a rectificar y priorizar políticas que refuercen a los emprendedores locales frente a los operadores con una posición dominante en el mercado. La resolución de esta moción determinará si el municipio opta por una apertura total de sus horarios o si mantiene el marco actual, más restrictivo para las grandes estructuras comerciales.