Conflicto en el taxi de Santa Cruz de Tenerife por la exigencia de datos personales de la empresa concesionaria del puerto
Los taxistas de Santa Cruz de Tenerife rechazan la exigencia de la empresa concesionaria del puerto de entregar datos personales bajo amenaza de impedirles trabajar, al cuestionar la legalidad de esta medida y solicitar la intervención de la Autoridad Portuaria.
La tensión vuelve a instalarse en el sector del taxi de Santa Cruz de Tenerife ante la gestión de la operativa en el recinto portuario. Según ha trascendido recientemente, la empresa Nogal, adjudicataria de la organización de flotas y atención al pasajero en el muelle Sur y dársenas, ha comunicado a los profesionales del volante la exigencia de remitir documentación personal —incluyendo copias de documentos de identidad, seguros y tarjetas de transporte— bajo el apercibimiento de impedirles el acceso a las instalaciones y la asignación de turnos a partir del próximo 4 de octubre.
Esta maniobra ha provocado una respuesta contundente por parte de La Gremial del Taxi, que ha instado a sus asociados a no facilitar información sensible hasta que la Autoridad Portuaria se pronuncie sobre la legalidad de esta medida. El presidente de la asociación, Zebenzui Pérez, ha cuestionado la capacidad de una entidad privada para arrogarse competencias que, a su juicio, son exclusivas de la administración pública. La organización sostiene que, al tratarse de un servicio público regulado, cualquier restricción en el derecho al trabajo debe estar respaldada por una resolución oficial de Puertos, un documento que, hasta la fecha, no ha sido notificado a los representantes del sector.
El conflicto trasciende la mera organización operativa y se adentra en el terreno de la protección de datos y el derecho administrativo. La Gremial ha solicitado formalmente a la Autoridad Portuaria el acceso a los pliegos de condiciones y al contrato suscrito con Nogal para verificar si la empresa cuenta con habilitación legal para crear ficheros privados con datos personales de los taxistas o para vetar el acceso a las instalaciones. Desde la asociación se advierte que, de materializarse las restricciones anunciadas, se estarían vulnerando derechos laborales fundamentales, lo que derivaría en acciones judiciales inmediatas contra la empresa y en la exigencia de responsabilidades ante el organismo portuario.
La incertidumbre generada por este requerimiento, difundido a través de canales de mensajería instantánea, ha dejado al colectivo en una situación de indefensión. La Gremial del Taxi, que ostenta una representación significativa en la Mesa del Taxi municipal, ha exigido la paralización cautelar de estas comunicaciones y una aclaración urgente sobre el alcance real de las facultades delegadas a la empresa concesionaria, subrayando que la gestión de un servicio público no puede quedar al margen de las garantías legales que protegen a los trabajadores frente a posibles arbitrariedades.