Santa Cruz adeuda 7,2 millones a la empresa de Ayuda a Domicilio; el IMAS y la oposición discrepan sobre la cifra y el plazo.
El Ayuntamiento de Santa Cruz adeuda 7,2 millones de euros a la empresa Atende por el Servicio de Ayuda a Domicilio, mientras que la concejala de Atención Social afirma que la deuda es de 1,3 millones y que el pago se realizará tras el informe de Intervención, asegurando que no afecta a usuarios ni auxiliares.
El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa Cruz debe a la empresa Atende, encargada del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), 7,2 millones de euros. Esta deuda corresponde a facturas pendientes desde diciembre, tras un cambio en la gestión del servicio. Sin embargo, la concejala de Atención Social, Charín González, ha indicado que la cantidad adeudada es de 1,3 millones, correspondiente a los meses de diciembre y enero.
González explicó que la revisión del acuerdo de continuidad del servicio está en manos de Intervención desde el 4 de noviembre. Una vez que se reciba el informe, se presentará al Consejo Rector y se procederá al pago. Aseguró que este retraso no afecta a los 1.300 usuarios ni a los más de 200 auxiliares, quienes ya están cobrando sus salarios con el aumento incluido en el convenio.
Por su parte, la socialista Patricia Hernández advirtió que el expediente de revisión caduca este sábado, pero hay tiempo hasta el lunes para convocar al Consejo Rector y tomar una decisión. De lo contrario, la deuda podría prescribir. Hernández señaló que la deuda se remonta a octubre y que hace quince días se devolvió la factura de febrero. Esto ha llevado a Atende a interponer 14 recursos contencioso-administrativos por impago, ya que se les adeudan facturas de unos 660.000 euros por cada uno de los diez meses de demora. Esta situación está afectando a la sustitución de bajas y vacaciones del personal, lo que repercute en los ciudadanos.
Charín González respondió a Hernández, calificándola de "oráculo", y reiteró que su prioridad es velar por los ciudadanos y los trabajadores, por lo que esperará al informe de Intervención antes de actuar.
La comisión también trató la gestión de citas en las Unidades de Trabajo Social (UTS) para personas vulnerables. La portavoz socialista, Alana Chinea, denunció retrasos de hasta un año en la atención telefónica, lo que genera reclamaciones y una sensación de abandono.
La concejala Charín González reconoció demoras de unos tres meses en algunas UTS, como las de Añaza y Ofra, pero aseguró que se está trabajando en ello con la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para dotar de más personal. Indicó que este año se ha atendido a 14.190 personas, frente a las 11.829 del año pasado, y que hay una trabajadora social de guardia semanal para casos urgentes.
El IMAS ha enviado a Fiscalía 25 informes sobre personas sin hogar con problemas de salud mental, ya que se necesita autorización judicial para intervenir sin su consentimiento. La concejala Charín González explicó que, de enero a agosto, se ha atendido a 732 personas sin hogar, el 55% de las cuales han llegado a Santa Cruz desde otros municipios en busca de recursos.
Este "efecto llamada" se ha incrementado, con un 33% de personas sin hogar con problemas mentales sobre los que el Ayuntamiento no tiene competencias. González señaló que se están manteniendo reuniones con otras administraciones, como el Servicio Canario de la Salud, para obtener ayuda.
El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, pidió un mayor control sobre las subvenciones a entidades del tercer sector, argumentando que muchos problemas mentales tienen causas económicas o de vivienda.