Vecinos de Santa Cruz de Tenerife exigen frenar la supresión de aparcamientos en el centro
La asociación vecinal El Perenquén ha iniciado una recogida de firmas en Santa Cruz de Tenerife para frenar la eliminación de plazas de aparcamiento público, denunciando la falta de transparencia y de alternativas de movilidad ante el déficit estructural de estacionamiento en el municipio.
La gestión del espacio público en el casco urbano de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras la movilización ciudadana impulsada por la asociación de vecinos El Perenquén. Tal y como recoge la información difundida por el colectivo, la entidad ha formalizado una petición en la plataforma Change.org para frenar la supresión de estacionamientos en superficie, una medida que, a juicio de los residentes, se está ejecutando sin la debida transparencia ni un plan de movilidad alternativo.
El conflicto subyace en una carencia estructural de infraestructuras de estacionamiento que, según las estimaciones aportadas por la asociación, supera las 20.000 plazas deficitarias en el municipio. Esta escasez de oferta pública obliga a los usuarios a depender de aparcamientos privados, cuyos costes son señalados por los vecinos como una barrera económica significativa para el tejido comercial y los trabajadores que se desplazan diariamente al centro.
La presidenta de la organización, Silvia Barrera, ha puesto el foco en la falta de coordinación entre la eliminación de plazas y la oferta de transporte público, que, según denuncian, no ha sido reforzada para compensar la pérdida de capacidad de estacionamiento. Esta desconexión entre la política de movilidad municipal y las necesidades reales de los residentes ha derivado en una demanda formal hacia el Ayuntamiento: la paralización inmediata de la retirada de plazas, la elaboración de un plan de movilidad integral y la creación de nuevas alternativas de estacionamiento.
La iniciativa, que ha comenzado a recabar sus primeros apoyos digitales, pone de manifiesto la creciente tensión entre los modelos de movilidad sostenible que promueven las administraciones locales y la realidad operativa de los centros urbanos. En un contexto donde las ciudades españolas se enfrentan al reto de la descarbonización y la peatonalización, el caso de Santa Cruz de Tenerife ilustra la dificultad de implementar cambios urbanísticos sin un consenso previo con los colectivos afectados, quienes reclaman soluciones tangibles frente a lo que califican como una gestión arbitraria del suelo público.