Crisis de suministro hídrico en edificios de Santa Cruz de Tenerife: vecinos y Ayuntamiento se enfrentan por la falta de presión
Los residentes de diversos edificios en Santa Cruz de Tenerife enfrentan una prolongada crisis de suministro hídrico ante la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y las comunidades sobre la responsabilidad técnica y el coste de las reparaciones.
La crisis de suministro hídrico que afecta a diversos inmuebles de gran altura en Santa Cruz de Tenerife ha puesto de manifiesto una preocupante brecha en la gestión de servicios básicos, tal y como han documentado recientemente medios como Televisión Española y Atlántico Hoy. Lo que comenzó como una incidencia puntual se ha transformado en una situación de precariedad cotidiana para decenas de residentes, quienes se ven obligados a recurrir al almacenamiento manual de agua en garrafas y al uso de sistemas de aseo portátiles para suplir la falta de presión en sus grifos.
El conflicto técnico y administrativo se centra en la disparidad de criterios sobre la responsabilidad del mantenimiento. Mientras que el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la empresa municipal EMMASA, sostiene que la red pública opera bajo los parámetros de presión exigidos y atribuye las deficiencias a las infraestructuras internas de las comunidades —citando posibles fallos en aljibes o conexiones no reglamentarias—, los vecinos y expertos en la materia reclaman una intervención institucional inmediata. El ingeniero Pepe Trigueros ha subrayado la necesidad de que la administración local garantice el caudal mínimo en el punto de entrada de los edificios, independientemente de la titularidad de las instalaciones interiores, para evitar que el peso de la inversión recaiga exclusivamente sobre los propietarios.
La carga económica que esta situación impone a las comunidades es considerable. Según datos aportados por representantes del Colegio de Administradores de Fincas, algunos edificios han tenido que aprobar derramas extraordinarias para financiar la instalación de grupos de presión, con costes que oscilan entre los 3.000 y los 13.000 euros. Esta realidad resulta especialmente gravosa para los inmuebles con residentes de avanzada edad o con rentas limitadas, quienes se enfrentan a una disyuntiva compleja: asumir costes elevados de forma urgente o convivir con una interrupción prolongada de un servicio esencial.
Desde una perspectiva jurídica, el caso subraya la importancia de realizar auditorías técnicas independientes que determinen con precisión el punto exacto donde se pierde la presión. La falta de un diagnóstico técnico compartido ha derivado en un bloqueo administrativo donde las reclamaciones vecinales, interpuestas ante diversas instancias, aún no han logrado una solución definitiva. Mientras el cruce de responsabilidades entre el consistorio y las comunidades persiste, la normalidad doméstica en zonas como Cruz del Señor o la calle alcalde Mandillo Tejera sigue supeditada a la gestión manual de recursos hídricos, una situación que, en algunos casos, se prolonga ya durante medio año.