Vecinos de Santa Cruz exigen una comisión de investigación por irregularidades en los aparcamientos públicos
La asociación vecinal Urban Centro El Perenquén exige al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la creación de una comisión de investigación para esclarecer presuntas irregularidades en la gestión de los aparcamientos públicos y acelerar su municipalización.
La gestión de los aparcamientos públicos en Santa Cruz de Tenerife vuelve a situarse en el centro del debate político tras la reciente denuncia de la asociación vecinal Urban Centro El Perenquén. Tal y como recoge la información difundida por el colectivo, la organización ha instado formalmente al Consistorio a constituir una comisión de investigación que esclarezca las presuntas anomalías administrativas detectadas en 2018, un ejercicio en el que una auditoría externa ya puso de manifiesto deficiencias en la fiscalización de los contratos y en el cumplimiento de las obligaciones económicas por parte de las empresas concesionarias.
El núcleo de la reclamación vecinal, encabezada por su portavoz Silvia Barrera, se centra en la falta de rendición de cuentas por parte de la administración local ante una serie de irregularidades documentadas hace un lustro. Entre los puntos críticos señalados destacan la existencia de cánones impagados, la alteración no autorizada de la naturaleza de las plazas de aparcamiento —transformando espacios de rotación en abonos sin respaldo legal—, así como la modificación arbitraria de los precios al usuario y la opacidad en los cambios de titularidad de las concesiones. Ante este escenario, los vecinos no solo demandan una depuración de responsabilidades políticas y técnicas, sino que también exigen que se evalúe la posible responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por una supervisión deficiente de las tarifas y las condiciones contractuales.
Más allá de la revisión del pasado, la asociación ha puesto el foco en la hoja de ruta para la gestión directa de estas infraestructuras. La exigencia de un calendario vinculante con objetivos mensuales busca romper con lo que los vecinos califican como un ciclo de promesas incumplidas respecto a la municipalización del aparcamiento de la plaza de España y otras instalaciones próximas a finalizar su periodo de concesión. La demanda vecinal subraya la necesidad de abandonar la ambigüedad administrativa en favor de una gestión pública que, según sostienen, debería traducirse en una reducción de los costes para los ciudadanos y una mejora sustancial en el mantenimiento de los equipamientos.
Este conflicto pone de relieve la tensión recurrente entre la administración municipal y los usuarios en torno a la transparencia de los servicios públicos externalizados. La petición de un informe técnico claro sobre la estructura tarifaria refleja la desconfianza ciudadana ante la prórroga sistemática de contratos y la falta de avances concretos en la recuperación de la gestión directa, un proceso que, según el colectivo, ha estado marcado hasta la fecha por la ausencia de una hoja de ruta transparente y verificable.