Polémica en Santa Cruz por el uso del edificio Diego Crosa: ¿industria digital o centro social?
La asociación vecinal Urban Centro Perenquén exige al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinar el edificio Diego Crosa a fines sociales frente al proyecto municipal de convertirlo en un centro para la industria de la animación y los videojuegos.
La tensión entre las políticas de desarrollo económico y la atención a la emergencia social ha vuelto a situar al edificio Diego Crosa, en el barranco de Santos, en el epicentro del debate político en Santa Cruz de Tenerife. Tal y como ha dado a conocer la asociación vecinal Urban Centro Perenquén, existe una discrepancia fundamental sobre el uso de este inmueble: mientras el Ayuntamiento capitalino proyecta convertirlo en un nodo para la industria de la animación y los videojuegos —con una dotación de 1,4 millones de euros en fondos públicos—, los colectivos sociales exigen que se destine a paliar la exclusión residencial.
La presidenta de la entidad, Silvia Barrera, trasladó esta demanda directamente al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante una reciente reunión en la que también participaron los viceconsejeros de Asuntos Sociales y Presidencia, Francisco Candil y Alfonso Cabello. El núcleo de la reclamación vecinal se apoya en la Ley 5/1998, que autorizó la cesión gratuita de dos inmuebles en la calle San Vicente Ferrer al Consistorio con el objetivo explícito de habilitar un centro de acogida y programas de reinserción para personas sin hogar. Según la asociación, el hecho de que estas instalaciones sigan sin cumplir su cometido social tras casi tres décadas constituye un incumplimiento de la normativa autonómica, que preveía la reversión de los bienes a la Comunidad Autónoma en caso de no materializarse el fin social estipulado en un plazo de cinco años.
La propuesta de los vecinos, que recupera una iniciativa planteada originalmente en 2019 por el grupo Acción contra la pobreza y reiterada ante el Parlamento regional el pasado diciembre, aboga por una infraestructura que contemple áreas diferenciadas por género y unidades específicas para personas con patologías físicas o mentales. Para el colectivo, resulta contradictorio que la administración priorice la inversión en el sector del ocio digital mientras la cifra de personas en situación de calle en la capital tinerfeña sigue siendo una realidad acuciante.
Ante este escenario, la asociación ha instado al Ejecutivo regional a que ejerza su capacidad de supervisión para asegurar que el Ayuntamiento se ajuste a la legalidad vigente respecto a los inmuebles cedidos. Por su parte, el viceconsejero de Asuntos Sociales, Francisco Candil, ha manifestado su intención de abrir una vía de interlocución con el Consistorio para auditar las medidas actuales frente al sinhogarismo y actualizar el censo de personas afectadas, un paso que los vecinos consideran necesario pero insuficiente ante la urgencia de una crisis habitacional que, a su juicio, no admite más dilaciones institucionales.