Vecinos de Santa Cruz de Tenerife cuestionan la inversión municipal en digitalización de aparcamientos
La asociación vecinal Urban Centro El Perenquén cuestiona la inversión municipal de 435.000 euros en digitalización de aparcamientos en Santa Cruz de Tenerife, exigiendo priorizar la resolución del déficit de plazas y la revisión de los contratos con las concesionarias privadas.
La gestión de la movilidad urbana en Santa Cruz de Tenerife se encuentra bajo el foco tras las recientes declaraciones de la asociación de vecinos Urban Centro El Perenquén, entidad que ha cuestionado la estrategia municipal para digitalizar el aparcamiento en la capital tinerfeña. Tal y como recoge la organización vecinal, el Ayuntamiento ha proyectado una inversión de 435.000 euros destinada a la implementación de una aplicación móvil y un sistema de señalética dinámica, una medida que, a juicio de los residentes, prioriza la modernización tecnológica sobre la resolución de las carencias estructurales de la ciudad, donde se estima un déficit superior a las 5.000 plazas de estacionamiento público.
El núcleo de la controversia reside en la relación contractual entre el Consistorio y las empresas concesionarias de los nueve aparcamientos privados que operan en el municipio. La presidenta de la asociación, Silvia Barrera, ha vinculado esta nueva inversión pública con los hallazgos de una auditoría externa realizada en 2018, la cual documentó irregularidades en la explotación de estas instalaciones. Según los datos aportados por el colectivo, aquel informe técnico ya alertaba sobre la existencia de tarifas desproporcionadas, una supervisión administrativa deficiente y una gestión de las plazas de rotación que no se ajustaba a la realidad operativa de los recintos.
Desde la perspectiva de los vecinos, el despliegue de esta infraestructura digital —que facilitará información en tiempo real sobre la disponibilidad de espacios— carece de sentido si no se acompaña de una revisión profunda de los términos concesionales. La asociación ha solicitado formalmente el acceso al pliego de condiciones y al contrato del servicio, planteando que cualquier colaboración con los operadores privados debería estar supeditada a contraprestaciones sociales. Entre las exigencias planteadas, destaca la necesidad de negociar la reserva de plazas para residentes a precios controlados o la aplicación de una tasa anual que permita reinvertir los beneficios en la mejora de la movilidad urbana.
Este conflicto pone de relieve la tensión existente entre la apuesta por las denominadas "ciudades inteligentes" y la necesidad de garantizar un control público efectivo sobre servicios básicos. Mientras el Ayuntamiento defiende la utilidad de la nueva herramienta digital para optimizar el tráfico, los representantes vecinales sostienen que la medida beneficia directamente a las mismas empresas que, años atrás, fueron señaladas por una gestión opaca, insistiendo en que la prioridad debería ser el aumento de la oferta de aparcamiento y no la mera visibilización de un sistema que, a su entender, sigue operando bajo condiciones lesivas para el interés general.