Crece el malestar vecinal en Santa Cruz por el asentamiento de personas sin hogar bajo el puente Zurita

La crisis de sinhogarismo en Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a poner de manifiesto las carencias en la coordinación de los servicios asistenciales municipales. Según adelanta el Diario de Avisos, un grupo de personas en situación de vulnerabilidad extrema ha establecido un asentamiento permanente bajo el puente Zurita, en la avenida Islas Canarias, una situación que ha generado un conflicto de convivencia con el vecindario del barrio de Salamanca debido a la acumulación de residuos y enseres en la vía pública.

El foco de la controversia reside en la persistencia de este enclave, que lleva activo aproximadamente medio año. Los residentes de la calle Pintor Ribera han documentado un deterioro progresivo de las condiciones de salubridad en el entorno de la parada del tranvía, donde conviven habitualmente entre cuatro y cinco individuos. Entre los afectados por esta precariedad se encuentran perfiles de alta vulnerabilidad, incluyendo a una persona con movilidad reducida, lo que subraya la urgencia de una respuesta que trascienda la mera limpieza viaria.

La comunidad de propietarios ha elevado sus quejas a través de los canales oficiales, como la aplicación SC Mejora y comunicaciones directas a las fuerzas de seguridad, denunciando que las actuaciones de la Unidad Municipal de Atención (UMA) han sido insuficientes. A pesar de las limpiezas periódicas, los enseres vuelven a acumularse en cuestión de días, lo que evidencia, a juicio de los vecinos, la ausencia de un seguimiento social y sanitario integral. La problemática ha adquirido una nueva dimensión tras conocerse que uno de los ocupantes ha extendido su presencia a un local en obras de un edificio colindante, una situación que preocupa especialmente a los responsables de un gimnasio cercano frecuentado por menores.

Este caso ilustra la complejidad de gestionar la exclusión social en el ámbito urbano, donde la falta de una red de apoyo efectiva deriva en una tensión constante con el entorno. Los afectados insisten en que su demanda no busca la criminalización de los individuos, sino la activación de protocolos especializados, como el programa autonómico "Puentes en Salud". La reclamación vecinal pone el foco en la necesidad de un abordaje multidisciplinar que combine la intervención de los servicios sociales con la atención sanitaria, especialmente ante la sospecha de que algunos de los ocupantes padecen patologías de salud mental que requieren un tratamiento continuado y no solo intervenciones puntuales.