Crece la presión institucional y vecinal contra el cierre de la oficina de Correos en García Escámez
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y los sindicatos se oponen al cierre de la histórica oficina de Correos en García Escámez-Somosierra, previsto para el 29 de mayo, al considerar que perjudica gravemente a los vecinos de mayor edad.
La posible clausura de la sucursal de Correos situada en el entorno de García Escámez-Somosierra, prevista para el próximo 29 de mayo, ha trascendido el ámbito vecinal para convertirse en un foco de fricción institucional. Tal y como recoge el diario El Día, la movilización iniciada por los residentes de la zona alta de Santa Cruz de Tenerife ha encontrado ahora el respaldo explícito del alcalde, José Manuel Bermúdez, y de la representación sindical de CCOO, quienes han unido fuerzas para intentar revertir una medida que consideran lesiva para la cohesión social del distrito.
El conflicto pone de relieve la tensión existente entre los planes de optimización operativa de la empresa estatal y el mantenimiento de la capilaridad de los servicios públicos en entornos urbanos con una demografía envejecida. La oficina en cuestión, operativa desde la década de los cuarenta, constituye un nodo de atención presencial para los barrios de García Escámez, Somosierra, Miramar, Chamberí y Buenos Aires. Para el Ayuntamiento, la centralización de estas funciones en la sede de Cruz del Señor ignora las barreras geográficas y las limitaciones de movilidad que enfrentan los usuarios de mayor edad, para quienes la brecha digital y la orografía del terreno suponen obstáculos significativos para acceder a servicios básicos.
Desde la perspectiva sindical, figuras como Rosana Vázquez y Asdrúbal González han advertido sobre el impacto negativo que este traslado tendría en la calidad del servicio. La preocupación no solo se centra en la pérdida de un punto de atención administrativa, sino en la saturación que podría experimentar la oficina receptora al absorber el volumen de trabajo de una zona adicional, lo que, a juicio de los representantes de los trabajadores, comprometería la eficiencia logística que la compañía alega buscar con esta reestructuración.
Por su parte, la dirección de Correos justifica el cierre en el marco de su Plan de Prestación, argumentando la necesidad de reorganizar su red para alcanzar una mayor eficacia. La empresa ha confirmado que el personal adscrito a la sucursal número 2 será redistribuido en otras dependencias de la capital tinerfeña. Sin embargo, este argumento no ha logrado apaciguar el malestar de la asociación vecinal Somosierra Activa, que ha liderado las protestas desde que se conocieron las intenciones de la entidad.
El Ejecutivo municipal ha formalizado su oposición mediante una comunicación oficial dirigida a la dirección de la empresa pública, instando a una reconsideración de la medida. El debate trasciende la mera gestión postal y se sitúa en el centro de la política local, donde se cuestiona si la eficiencia económica debe prevalecer sobre la preservación de infraestructuras que, tras ocho décadas de actividad, actúan como elementos de cohesión y referencia para los residentes de los barrios periféricos de la capital.