Santa Cruz devuelve 3,6 millones Next Generation para el contenedor orgánico.

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha rechazado una ayuda de 3,6 millones de euros que el Ministerio de Transición Ecológica le había concedido en 2023. Este dinero, de los fondos Next Generation, estaba destinado a implantar el contenedor marrón (el de residuos orgánicos) en el municipio. De esa cantidad, ya se habían recibido 1,8 millones, que el Consistorio, a través de la empresa de limpieza Valoriza, iba a usar para comprar los contenedores de materia orgánica en los cinco distritos y dos camiones eléctricos para su recogida.

Así lo anunció ayer el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, en una comisión de control, a raíz de una petición del grupo socialista. Su portavoz, Patricia Hernández, achacó la pérdida de la subvención europea a una "mala tramitación del expediente" por parte del Ayuntamiento. "La inacción del equipo de gobierno y su falta de diligencia le ha costado 3,6 millones a los chicharreros, que ahora tendrán que costear el contenedor marrón con los impuestos", subrayó.

Tarife explicó que, tras recibir la notificación de que el Ayuntamiento era beneficiario de estos fondos europeos, se solicitó a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias (entonces dirigida por José Antonio Valbuena) que modificara el contrato con Valoriza. La idea era que la empresa incorporara los medios materiales a través de dicha subvención, ya que es la encargada de prestar el servicio.

Para ello, añadió, el Gobierno dio su autorización. Sin embargo, también se pidieron informes a los servicios jurídicos y a Intervención municipal por el cambio del contrato. Estos organismos, después de diez meses, emitieron un informe negativo, desaconsejando este procedimiento para el contenedor de orgánicos por posibles conflictos con otros municipios. Por ello, el mes pasado se acordó devolver esta cantidad, de la que hasta ahora se había recibido el 50%. La instalación del contenedor orgánico y las tarjetas inteligentes para su apertura (que implicarán bonificaciones fiscales a quienes lo usen) se hará el próximo año con fondos propios del Ayuntamiento, que rondarán los 2,7 millones de euros.

Mientras, Patricia Hernández acusó al Ayuntamiento de querer implantar el contenedor marrón con un "contrato a dedo" con Valoriza. El concejal Tarife le recordó que la autorización la dio el entonces consejero Valbuena. Pero, con dos informes municipales en contra, solo se podía actuar de tres maneras: la primera, que el alcalde ignorara los informes; la segunda, devolver el dinero (que es lo que se ha hecho); y una tercera que, según él, practica el ministro Ángel Víctor Torres, no el PP, y que ha salido a la luz en informes de la UCO. En ese momento, Tarife, papel en mano, leyó una frase impresa que, en palabras de Torres, decía: "me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica y os lo soluciona o la levanto por el aire".

Cambiando de tema, la comisión de control también abordó otros asuntos, como la situación actual de la vivienda municipal. Se trató el convenio financiero con el Gobierno canario y el Cabildo para construir 37 pisos en María Jiménez y 226 en Cuevas Blancas. El PSOE, que pidió la comparecencia de la concejala del área, Belén Mesa, cuestionó si este acuerdo "lleva a Santa Cruz a prescindir de ampliar su parque público". Argumentaron que un convenio a tres bandas no debería significar repartir estas construcciones (aprobadas en 2020), más las 88 previstas en la avenida de Los Príncipes que han desaparecido, a favor de otras administraciones y en detrimento del municipio.

Mesa contestó que el Ayuntamiento ha aportado suelo para atender la demanda actual de vivienda pública y ha buscado financiación para los proyectos en María Jiménez y Cuevas Blancas. A estos se sumarán otros nuevos con ayudas a las que han optado, como el programa Activa Vivienda, los 4 millones solicitados de fondos EDIL para nuevas promociones o los 101 millones destinados a rehabilitar viviendas.

El PSOE también preguntó sobre los garajes de 44 viviendas de El Tablero, que aún no han sido entregados a sus inquilinos y por los que, según alegaron, se les pretende cobrar por su uso. Mesa respondió que serán adjudicados a las juntas de administración para su gestión, sin especificar su posterior alquiler. Igualmente, el estado en ruinas de la antigua cofradía de pescadores y el espigón de San Andrés fue objeto de comparecencia. La concejala del distrito Anaga, Gladis de León, dijo que las competencias para su futuro uso son de Costas y no del Ayuntamiento.