El Puerto de Santa Cruz suspende el derribo del silo de San Andrés ante la presión institucional para preservar su valor patrimonial
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha convocado una reunión de urgencia para decidir si paraliza el derribo del antiguo silo de grano ante la fuerte presión institucional y judicial que busca preservar el inmueble como patrimonio histórico.
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha convocado de urgencia a su Consejo de Administración para reevaluar el futuro del antiguo silo de grano situado en la autovía de San Andrés, una infraestructura cuya desaparición estaba ya programada. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, el organismo portuario tenía previsto formalizar la adjudicación de las obras de derribo a la mercantil Hercal Diggers por un importe de 990.140 euros, una operación que ahora queda en suspenso ante la presión institucional ejercida para evitar la pérdida de este inmueble.
El conflicto ha escalado hasta convertirse en un choque de competencias y visiones sobre la gestión del patrimonio industrial. El Ministerio de Cultura, en una postura compartida por el Gobierno de Canarias, el Cabildo insular, el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Colegio de Arquitectos, ha instado a paralizar el proyecto. La tesis de estas instituciones es que el silo constituye un ejemplar singular dentro del sistema portuario nacional, cuya desaparición supondría un menoscabo irreparable para el legado histórico y arquitectónico de la zona.
La tensión jurídica es notable, especialmente tras las declaraciones del vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano. La corporación insular ha advertido que, de no detenerse el proceso, recurrirá a la vía judicial para solicitar medidas cautelarísimas. El argumento central de esta oposición radica en el presunto incumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Español, al considerar que la Autoridad Portuaria ha ignorado las advertencias previas sobre la necesidad de realizar un estudio técnico exhaustivo de los valores patrimoniales del edificio antes de proceder a cualquier actuación de demolición.
Este escenario coloca a la Autoridad Portuaria en una posición compleja. En la sesión extraordinaria convocada para hoy, el órgano de gobierno deberá decidir si mantiene su hoja de ruta original o si, por el contrario, opta por una moratoria que permita la elaboración de los informes técnicos reclamados por las administraciones y los colectivos profesionales. La resolución de este encuentro será determinante para definir si el silo, considerado un vestigio único en su categoría, logra salvarse de la demolición o si el proceso de adjudicación sigue su curso administrativo.