Sindicatos policiales se oponen a la Zona de Bajas Emisiones en Santa Cruz de Tenerife por falta de personal
Los sindicatos policiales de Santa Cruz de Tenerife exigen paralizar la Zona de Bajas Emisiones al temer que la falta de personal administrativo obligue a los agentes a desatender la seguridad ciudadana para realizar tareas burocráticas.
La implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Santa Cruz de Tenerife ha generado una notable fricción entre el consistorio y los representantes de los trabajadores. Según ha trascendido a través de las alegaciones presentadas por UGT, CC.OO. y CSIF, la plantilla de la Policía Local teme que el despliegue de este sistema de restricciones al tráfico derive en una merma de la seguridad ciudadana. El núcleo de la preocupación sindical reside en la posible reasignación de agentes hacia tareas de gestión burocrática y control administrativo, funciones que, a su juicio, deberían estar claramente delimitadas para evitar que se detraigan efectivos de la vigilancia preventiva y la atención a las incidencias ordinarias.
El conflicto administrativo se centra en la falta de concreción del proyecto de ordenanza, que ha recibido el visto bueno inicial del Ayuntamiento pero que, según los sindicatos, carece de una hoja de ruta definida sobre quién asumirá la carga de trabajo técnica. La validación de registros visuales, la resolución de reclamaciones de los usuarios y la supervisión del software de control son tareas que, de no ser delegadas a personal administrativo, recaerían sobre los agentes de calle. Esta incertidumbre ha llevado a las centrales sindicales a solicitar formalmente la paralización de la tramitación normativa hasta que se abra un proceso de negociación colectiva que aborde estas carencias.
Desde una perspectiva operativa, el malestar se ve agravado por la ausencia de un estudio de impacto sobre los recursos humanos. Los sindicatos han puesto de relieve que el expediente municipal no contempla ni el refuerzo de plantilla necesario para cubrir las nuevas competencias, ni la formación técnica requerida para que los agentes puedan operar los sistemas automatizados de vigilancia. Esta situación plantea un escenario de riesgo psicosocial para los funcionarios, quienes se verían obligados a asumir responsabilidades adicionales sin los medios materiales ni el respaldo presupuestario que garantice la viabilidad del servicio.
Este choque pone de manifiesto la complejidad de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer estas áreas restringidas. La experiencia en otras capitales españolas ha demostrado que la transición hacia una movilidad sostenible no solo requiere de infraestructura tecnológica, sino de una planificación organizativa que evite la desprotección de las funciones policiales básicas. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, la falta de una memoria económica y de personal detallada se ha convertido en el principal obstáculo para que la ordenanza cuente con el consenso necesario para su puesta en marcha.