El CSIF carga contra la reactivación de la UNIPOL en Santa Cruz al considerarla una maniobra electoralista
El sindicato CSIF critica la reactivación de la UNIPOL en Santa Cruz de Tenerife al considerarla una maniobra electoralista carente de sustento técnico, recursos humanos y medios materiales suficientes.
La reciente decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de reactivar la Unidad de Intervención Policial (UNIPOL) ha generado una fractura inmediata en la relación entre el equipo de gobierno de José Manuel Bermúdez y la representación sindical. Tal y como ha trascendido a través de las declaraciones de Jesús Illada, delegado del CSIF, a la emisora COPE Tenerife, la medida se percibe desde el ámbito laboral no como un refuerzo operativo, sino como una maniobra de comunicación política que, a juicio de los agentes, carece de sustento administrativo y técnico.
El núcleo de la controversia reside en la discrepancia entre el anuncio institucional y la realidad de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Mientras el consistorio justifica la iniciativa como una respuesta a la demanda ciudadana de mayor seguridad, el CSIF sostiene que la nueva unidad operará al margen de la estructura oficial, sin las plazas específicas que garantizaban la especialización y la retribución técnica de la antigua UNIPOL, disuelta en 2021 tras una serie de litigios judiciales. Para los representantes de los trabajadores, este modelo supone una precarización de las condiciones laborales, al desplazar a agentes de sus funciones ordinarias sin una ampliación real de la plantilla.
Los datos sobre el estado del cuerpo policial refuerzan el escepticismo sindical. La cifra de efectivos ha experimentado un retroceso, pasando de 350 agentes en 2023 a los 346 actuales, una tendencia que contrasta con la necesidad de 158 nuevas incorporaciones reconocida por la propia concejalía de Seguridad. Esta merma de personal, sumada a la detracción de efectivos para la nueva unidad, plantea interrogantes sobre la capacidad del cuerpo para cubrir servicios esenciales como el control de tráfico, la atención a la convivencia ciudadana y la vigilancia en zonas turísticas.
A la escasez de recursos humanos se añade una crisis logística que el sindicato califica de crítica. Según las denuncias trasladadas, la falta de renovación de uniformes desde hace tres años y el deterioro del parque móvil —con una alta tasa de inmovilización en talleres— limitan severamente la operatividad diaria. Asimismo, la ausencia de programas actualizados de formación y de prácticas de tiro obligatorias pone en duda la viabilidad de una unidad que, por su naturaleza, debería estar preparada para intervenciones de alta complejidad.
El calendario de implementación, fijado para diciembre de 2026, ha sido interpretado por el CSIF como un factor determinante en la estrategia municipal. Al situar la puesta en marcha de la unidad a pocos meses de los comicios locales de mayo de 2027, el sindicato advierte que la propuesta responde más a una lógica electoralista que a una planificación técnica solvente. En última instancia, la representación sindical concluye que el proyecto carece de los pilares necesarios para garantizar la seguridad pública, calificando la iniciativa como una simulación que, lejos de resolver las carencias estructurales del cuerpo, profundiza en la desatención de los servicios básicos de la capital tinerfeña.