CSIF denuncia que los vehículos de alquiler de la Policía Local de Santa Cruz incumplen la normativa de seguridad
El sindicato CSIF ha denunciado que la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife utiliza vehículos de alquiler sin el equipamiento de seguridad reglamentario, mientras el Ayuntamiento defiende su uso como una medida temporal y excepcional.
La operatividad de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se encuentra bajo escrutinio tras las advertencias lanzadas por el sindicato CSIF, que ha puesto en evidencia el uso de vehículos de alquiler sin la adecuación técnica necesaria para el ejercicio de funciones de seguridad. Tal y como ha trascendido a través de la denuncia de la central sindical, la utilización de turismos de la firma Cicar para labores policiales ordinarias y extraordinarias contraviene, a juicio de los representantes de los trabajadores, los estándares mínimos fijados por el decreto 20/2020.
El núcleo de la controversia reside en el incumplimiento del anexo III de la citada normativa autonómica, que obliga a que cualquier vehículo destinado a patrullaje o funciones policiales cuente con un equipamiento de emergencia específico. Entre los elementos ausentes en estos coches de sustitución se encuentran los extintores homologados, los botiquines de primeros auxilios, el material de balizamiento —como conos y cintas— y los dispositivos de iluminación y protección térmica. Para el delegado sindical Jesús Illada, esta carencia no solo dificulta la capacidad de respuesta de los agentes ante situaciones críticas, sino que proyecta una gestión deficiente de los recursos públicos, afectando incluso a unidades especializadas como el Grupo de Atención a la Mujer.
Ante esta situación, el sindicato ha formalizado una queja ante el servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Consistorio, alertando sobre las posibles repercusiones legales y de seguridad que conlleva el despliegue de efectivos en unidades no adaptadas. Este debate pone de relieve la tensión habitual entre la necesidad de mantener la continuidad del servicio público y la obligación de garantizar que los medios materiales cumplan con los protocolos de seguridad laboral vigentes.
Por su parte, la concejala de Seguridad, Gladis de León, ha defendido la gestión municipal durante la reciente comisión de control. Según la edil, la presencia de estos vehículos de alquiler es una medida temporal y excepcional, motivada por la entrada de los coches patrulla oficiales en los talleres de reparación. De León ha argumentado que, al tratarse de una cesión de corta duración, el pliego de condiciones contractuales no contempla la instalación del equipamiento técnico exigido para los vehículos policiales permanentes, limitando el uso de estos turismos a gestiones administrativas o de baja intensidad operativa. La controversia subraya, en última instancia, la complejidad de la logística policial en las administraciones locales, donde la falta de una flota de reserva plenamente equipada obliga a recurrir a soluciones de mercado que, según los sindicatos, no alcanzan los niveles de seguridad requeridos por la ley.