Desbloqueada la reactivación de la Unipol en Santa Cruz de Tenerife tras un acuerdo sindical
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desbloquea la reactivación de la Unidad de Intervención Policial tras alcanzar un acuerdo con el sindicato CSIF, que ha retirado la querella que paralizaba el proceso de selección.
La reactivación operativa de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) en Santa Cruz de Tenerife ha superado su principal escollo administrativo tras el pacto alcanzado entre el área de Seguridad del Ayuntamiento y la sección sindical de CSIF en la Policía Local. Tal y como ha avanzado Diario de Avisos, el sindicato ha confirmado la retirada de la querella que mantenía paralizado el proceso de selección para este cuerpo especializado, despejando así el camino para su puesta en marcha efectiva.
El conflicto, que saltó a la luz pública a mediados de julio, tenía su origen en la discrepancia sobre la aplicación de las bases reguladoras pactadas durante el ejercicio anterior. La representación sindical había cuestionado la metodología empleada por el Consistorio para la elección de los agentes, al considerar que el procedimiento se alejaba de los estándares de transparencia y equidad exigibles en el acceso a plazas de esta naturaleza. Para el CSIF, el cumplimiento estricto de lo negociado en 2023 no era solo una cuestión de forma, sino una garantía fundamental para salvaguardar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública.
El acuerdo, que pone fin a la vía judicial, se sustenta en el compromiso explícito del Ejecutivo municipal de ceñirse estrictamente a los términos acordados en la mesa de negociación. Según ha manifestado Jesús Illada, delegado de la organización sindical, este paso no implica una renuncia a la vigilancia de los derechos laborales, sino una apuesta por la resolución pragmática de las desavenencias. La postura del sindicato subraya la importancia de que la negociación colectiva se traduzca en hechos vinculantes, evitando que los acuerdos queden supeditados a la discrecionalidad administrativa.
Este episodio pone de relieve la tensión recurrente entre la necesidad de dotar a los cuerpos de seguridad de unidades especializadas y la exigencia de que dichos procesos de selección se blinden bajo una seguridad jurídica absoluta. Con la retirada de la demanda, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife logra desbloquear una pieza clave de su dispositivo de seguridad, al tiempo que el sindicato logra el reconocimiento de la validez de los pactos suscritos, cerrando un capítulo que, en última instancia, buscaba garantizar que todos los agentes contaran con las mismas oportunidades y garantías en su carrera profesional.