El Ayuntamiento de Santa Cruz prioriza el derribo del esqueleto de Añaza tras décadas de parálisis
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prioriza la demolición del complejo inacabado de Añaza, aunque el proceso se mantiene bloqueado por la compleja expropiación forzosa a más de 400 propietarios internacionales.
La resolución del complejo urbanístico de Añaza, una estructura de hormigón que se ha convertido en un símbolo de la parálisis administrativa y el riesgo social en Santa Cruz de Tenerife, vuelve a situarse en el centro de la agenda municipal. Tal y como recoge la información publicada recientemente, el alcalde José Manuel Bermúdez ha calificado la demolición de este inmueble de 22 plantas como una prioridad ineludible, aunque condicionada por una compleja maraña burocrática que se prolonga desde hace décadas.
El principal escollo para proceder al derribo radica en la naturaleza jurídica del edificio. Al tratarse de una propiedad privada, el Ayuntamiento se ve obligado a completar un expediente de expropiación forzosa que requiere la notificación individualizada a más de 400 titulares, en su mayoría ciudadanos extranjeros. Este proceso es un requisito indispensable para que el Consistorio pueda inscribir el bien a su nombre y, posteriormente, repercutir los costes de la demolición —estimados en tres millones de euros— a los propietarios originales. La búsqueda de estos dueños, dispersos internacionalmente, constituye el cuello de botella que impide ejecutar la orden de derribo de forma inmediata.
Más allá de la cuestión patrimonial, la urgencia de la intervención responde a una trágica realidad: la infraestructura ha sido escenario de múltiples accidentes mortales. A pesar de los intentos previos por asegurar el perímetro, el vallado ha sido vulnerado sistemáticamente, lo que ha forzado al equipo de gobierno a iniciar una actuación de emergencia dotada con 112.000 euros. Estos trabajos, que se prolongarán hasta octubre, se centran en la eliminación de rampas de acceso y el refuerzo de los cerramientos para clausurar físicamente el edificio, una medida paliativa que el propio regidor reconoce como insuficiente hasta que se culmine la demolición total.
La historia de este esqueleto de hormigón se remonta a 1973, cuando se proyectó como un complejo hotelero. El proyecto quedó paralizado apenas un año después debido a la quiebra de la promotora alemana responsable, dejando una mole inacabada que ha condicionado el desarrollo del litoral durante medio siglo. Este caso ilustra las dificultades de la administración local para gestionar el legado de proyectos urbanísticos fallidos, donde la responsabilidad civil de los propietarios privados choca con la necesidad pública de garantizar la seguridad ciudadana y la recuperación del entorno costero.