Vecinos de Anaga exigen al Cabildo restringir el tráfico ante el colapso viario en la zona

La gestión de la movilidad en el Macizo de Anaga ha alcanzado un punto de inflexión tras las recientes declaraciones del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien ha abogado públicamente por restringir el flujo de vehículos privados y turísticos en este espacio protegido. Tal y como recoge la prensa local, las asociaciones vecinales de la zona han recogido el guante de estas palabras, instando al regidor a que traslade este posicionamiento de manera formal ante el Cabildo Insular en la reunión técnica convocada para el próximo día 30.

El conflicto, que enfrenta a los residentes con la administración insular, se centra en la incapacidad de los habitantes para acceder a sus domicilios debido a la saturación viaria. La postura expresada por Bermúdez en Radio Marca, en la que descartó la creación de nuevas plazas de estacionamiento y defendió la necesidad de escalonar las visitas para priorizar el derecho de movilidad de los residentes, es ahora el eje sobre el que los vecinos quieren articular su presión política. Para los colectivos vecinales, el encuentro con las áreas de Movilidad y Medio Natural del Cabildo no debe limitarse a una mera formalidad administrativa, sino servir como escenario para una rectificación de las políticas actuales, especialmente en puntos críticos como Cruz del Carmen.

La tensión se ve agravada por una brecha de gobernanza participativa. Los residentes han manifestado su desconcierto ante la convocatoria del Cabildo, que pretende presentar la resolución de alegaciones a una Estrategia de Movilidad gestada durante los últimos dos años. Según denuncian los afectados, este documento se ha redactado sin haber realizado consultas previas ni encuestas de campo entre quienes habitan el territorio, lo que, a su juicio, invalida el proceso de escucha activa que debería regir la gestión de un espacio natural de estas características.

Este escenario pone de relieve la complejidad de gestionar un territorio que ostenta la doble condición de Reserva de la Biosfera y zona residencial. Mientras que la administración insular busca fórmulas para regular el impacto del turismo, los vecinos reclaman que el modelo de movilidad no se diseñe desde los despachos, sino atendiendo a la realidad cotidiana de unos caseríos que, en la práctica, sufren un colapso circulatorio que compromete su calidad de vida. La cita del día 30 se perfila, por tanto, como una prueba de fuego para determinar si el consenso político entre el Ayuntamiento y el Cabildo se traducirá en medidas efectivas o si, por el contrario, la brecha entre la planificación técnica y las necesidades vecinales seguirá profundizándose.