Luz verde a 263 viviendas de alquiler social en Santa Cruz.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo y el Gobierno de Canarias firman un acuerdo de 41,7 millones de euros para construir 263 viviendas de alquiler social en la capital tinerfeña.
Un acuerdo interadministrativo ha cristalizado hoy en Santa Cruz de Tenerife, marcando un hito en la estrategia de vivienda pública de la capital tinerfeña. Según ha trascendido, el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo insular y el Gobierno de Canarias han formalizado un pacto que permitirá la edificación de 263 nuevas viviendas protegidas, destinadas íntegramente al alquiler social. La iniciativa representa una inversión pública de 41,7 millones de euros, orientada a robustecer el parque de inmuebles asequibles en el municipio.
La materialización de este convenio es crucial para garantizar la viabilidad económica de dos promociones clave: 37 unidades habitacionales en María Jiménez y 226 en Cuevas Blancas. Este paso administrativo facilita la culminación del esquema de financiación, aportando los 25 millones de euros restantes necesarios para la ejecución completa de los proyectos.
La corporación municipal de Santa Cruz ha provisto el suelo necesario y asumirá los costes de urbanización. La aportación económica para la obra se articula mediante la colaboración de las tres administraciones implicadas. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha señalado que esta dotación se añade a otros programas en curso, como la rehabilitación energética de 800 inmuebles y la regeneración urbana de otras 1.568 viviendas, situando el desembolso global en materia de vivienda pública en la capital en 115 millones de euros.
Desde la presidencia autonómica, Fernando Clavijo ha subrayado que el esquema adoptado asegura que los inmuebles mantendrán un régimen de propiedad pública inalterable. Conforme a los términos del acuerdo, la gestión de estas viviendas recaerá directamente en la administración, con adjudicación exclusiva bajo la modalidad de alquiler social. El objetivo primordial es que el coste de la renta no exceda el 30% de los ingresos familiares, buscando aliviar la carga económica de los hogares.
Por su parte, el consejero competente en obras públicas y vivienda, Pablo Rodríguez, ha ratificado que el pacto consolida la planificación plurianual indispensable para que las obras de Cuevas Blancas puedan desarrollarse sin interrupciones presupuestarias. A pesar de no poseer competencias directas en la materia, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha enfatizado la relevancia de la contribución insular para desatascar el acceso a una vivienda digna en Tenerife. En la misma línea, la concejala de vivienda de Santa Cruz, Belén Mesa, ha reiterado que la cooperación entre administraciones constituye la senda indispensable para responder a la demanda residencial de la ciudadanía.
Actualmente, el ejecutivo autonómico gestiona en Tenerife más de un millar de inmuebles públicos en diversas etapas de desarrollo, incluyendo 700 en fase de construcción y 300 en planificación. Este nuevo acuerdo se integra en un esfuerzo más amplio por mitigar la acuciante crisis de acceso a la vivienda en el archipiélago.