Santa Cruz de Tenerife emite certificados para garantizar el descuento de residente a extranjeros ante la inacción del Gobierno
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha comenzado a expedir certificados de viaje para residentes extranjeros afectados por un vacío burocrático que les impide acceder a la bonificación estatal al transporte en Canarias.
La inseguridad jurídica que rodea a la aplicación de la bonificación al transporte para residentes en Canarias ha forzado al Ayuntamiento de Santa Cruz a adoptar una medida paliativa ante la inacción del Ejecutivo central. Tal y como ha trascendido recientemente, el Consistorio capitalino ha comenzado a expedir certificados de viaje específicos para ciudadanos extranjeros que, aun contando con permiso de residencia legal, se encuentran en un limbo administrativo que les impide acreditar su derecho al descuento en billetes aéreos y marítimos.
El problema radica en una disonancia normativa entre el Ministerio de Transportes y la documentación que emite Extranjería. Actualmente, los titulares de autorizaciones de residencia por reagrupación familiar —contempladas en el artículo 94 del Real Decreto 1155/2024— poseen tarjetas de identidad de extranjero (TIE) que carecen de la mención expresa "familiar ciudadano de la Unión". Esta omisión, que el Ministerio exige como requisito indispensable para validar la bonificación, genera una contradicción que deja a los usuarios en una posición de vulnerabilidad frente a las compañías de transporte, las cuales, ante la falta de una directriz clara, podrían denegar el embarque o reclamar posteriormente el reintegro de las cuantías bonificadas.
Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha emitido cerca de 40 de estos documentos, acompañados de una advertencia legal que exime al Consistorio de garantizar la aplicación efectiva del descuento. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha trasladado su preocupación ante la proximidad de la temporada navideña, periodo en el que se prevé un incremento sustancial de la demanda. Ante este escenario, el regidor ha instado a la Abogacía del Estado y a los Servicios Centrales a ofrecer una solución urgente que unifique criterios, tal y como ya se ha hecho para otros supuestos de arraigo familiar bajo el artículo 125.1.e del mismo decreto.
La situación no es nueva para las administraciones locales, que llevan meses reclamando una clarificación sobre cómo proceder con estos perfiles. Bermúdez, quien ha formalizado sus peticiones ante el Ministerio de Transportes y la Subdelegación del Gobierno, sostiene que la falta de un pronunciamiento oficial no solo perjudica a las familias afectadas, sino que también somete al personal municipal a una carga de trabajo incierta. La propuesta del Ayuntamiento pasa por una de dos vías: o bien la inclusión de la mención necesaria en las tarjetas TIE, o una extensión interpretativa que permita a los afectados acreditar su condición mediante la resolución administrativa de Extranjería, evitando así que el derecho a la movilidad de los residentes extracomunitarios quede supeditado a un enredo burocrático.