Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en Santa Cruz de Tenerife se movilizan tras una agresión sexual
Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en Santa Cruz de Tenerife han convocado movilizaciones tras una grave agresión sexual y la falta de protección institucional ante la inseguridad laboral que enfrentan.
La precariedad y la inseguridad que envuelven al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Santa Cruz de Tenerife han alcanzado un punto de inflexión tras la reciente agresión sexual sufrida por una de sus trabajadoras. Tal y como ha informado Diario de Avisos, este suceso se suma a una preocupante estadística de ocho denuncias interpuestas en poco más de un año, un escenario que ha llevado a la plantilla a convocar movilizaciones para el próximo mes de octubre ante lo que califican como un abandono institucional sistemático.
El conflicto no se limita únicamente a la violencia física ejercida por el entorno de los usuarios, sino que se extiende a la respuesta de las entidades encargadas de la protección laboral. En este caso concreto, la Mutua Universal ha declinado reconocer el incidente como accidente de trabajo, argumentando la ausencia de una resolución judicial previa y derivando la atención a la Seguridad Social. Esta postura ha sido duramente criticada por el comité de empresa, que denuncia una omisión de auxilio y una desprotección legal que agrava el impacto psicológico sobre la víctima, quien, según fuentes sindicales, se encuentra en un estado de ansiedad severa tras el ataque.
La gestión de este episodio ha puesto de manifiesto las carencias en los protocolos de actuación. A pesar de que la afectada acudió a un centro de salud para activar el Dispositivo de Emergencias para Mujeres Agredidas (DEMA) y formalizó la denuncia ante la Policía Nacional, el comité señala que la empresa concesionaria, Atende, aún no ha implementado las medidas de apoyo psicológico contempladas en el protocolo de igualdad. Esta falta de respuesta administrativa se traduce, según los representantes de los trabajadores, en una impunidad de facto para los agresores, ya que no se aplican sanciones ni medidas correctoras sobre los usuarios que protagonizan estos actos.
La situación es especialmente crítica si se considera el perfil del servicio: una plantilla compuesta por 300 profesionales —de las cuales 280 son mujeres— que atienden a cerca de 1.300 personas en la capital tinerfeña. Con salarios que apenas alcanzan el millar de euros, las trabajadoras denuncian que, además del riesgo físico, sufren un perjuicio económico directo al no ser reconocidos estos percances como accidentes laborales, lo que deriva en reducciones salariales durante sus bajas. Ante la falta de medidas preventivas, como la presencia de personal de seguridad en los domicilios de riesgo, el colectivo advierte de que la escalada de violencia podría desembocar en consecuencias aún más graves si las administraciones públicas no asumen su responsabilidad en la salvaguarda de quienes prestan este servicio esencial.