Crisis en el Servicio de Ayuda a Domicilio de Santa Cruz de Tenerife por la precarización laboral y la desvirtuación de funciones
Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Santa Cruz de Tenerife denuncian una crisis de modelo y precariedad laboral al verse obligadas a realizar tareas de limpieza doméstica en lugar de las funciones asistenciales para las que están acreditadas.
La gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Santa Cruz de Tenerife atraviesa una crisis de modelo que pone en entredicho la sostenibilidad de la atención a la dependencia en el ámbito municipal. Tal y como recoge el diario El Día, la prestación, que actualmente atiende a 1.400 personas con otras 50 en lista de espera, se enfrenta a una creciente conflictividad laboral protagonizada por su plantilla, compuesta por 300 trabajadores —en su inmensa mayoría mujeres—, quienes denuncian una desvirtuación de sus funciones asistenciales.
El núcleo del malestar reside en la brecha existente entre la formación técnica de estas profesionales, acreditadas como auxiliares de enfermería, y la realidad cotidiana en los hogares, donde el servicio se está transformando, según los testimonios recabados, en una prestación de limpieza doméstica. Esta desviación de las tareas encomendadas —que deberían centrarse en el aseo personal, el control de la medicación y el acompañamiento— está provocando un desgaste físico y psicológico severo en una plantilla con una alta tasa de veteranía, que llega a alcanzar hasta 36 años de servicio.
La precariedad laboral se ve agravada por una estructura de costes que limita los salarios a poco más de mil euros mensuales, a pesar de que las trabajadoras deben cubrir una media de tres a cuatro usuarios diarios, asumiendo los tiempos de desplazamiento entre domicilios. A esta situación se suma la carencia de medios técnicos, como grúas o equipamiento ergonómico, lo que deriva en una alta incidencia de lesiones musculoesqueléticas. Las empleadas señalan directamente a la falta de supervisión municipal y a la gestión de la concesionaria, Atende, como responsables de un escenario donde la exigencia de tareas ajenas a su competencia —como la limpieza profunda de mobiliario o la atención a familiares convivientes— ha pasado a ser la norma.
Este conflicto no es ajeno a la memoria histórica del sector en la capital tinerfeña, marcada por la quiebra de la anterior concesionaria, Mararía, que dejó un reguero de impagos y una profunda desconfianza hacia la administración local. La incertidumbre sobre el futuro modelo de gestión, ante la posible entrada de nuevos operadores, ha reactivado el temor a una nueva etapa de inestabilidad.
Desde una perspectiva sociológica, el caso de Santa Cruz ilustra una problemática recurrente en la Ley de Dependencia española: la dificultad de los ayuntamientos para fiscalizar la calidad del servicio cuando la externalización se prioriza sobre la supervisión directa. Las trabajadoras, que han llegado a reportar situaciones de insalubridad y episodios de violencia en el entorno laboral, reclaman un cambio de paradigma que podría pasar por la municipalización del servicio o, al menos, por una redefinición de las funciones de supervisión, con el fin de evitar que el SAD se convierta en un recurso de limpieza doméstica en lugar de una herramienta de protección social para los ciudadanos más vulnerables.