Auxiliares del servicio de ayuda a domicilio en Santa Cruz de Tenerife denuncian precariedad y falta de protección ante riesgos laborales
Las auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio de Santa Cruz de Tenerife se han movilizado para denunciar la precariedad laboral y la negativa de la Mutua Universal a reconocer como accidentes de trabajo las agresiones y riesgos sufridos en el desempeño de sus funciones.
La precariedad en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a situarse en el centro del debate laboral tras la movilización protagonizada por medio centenar de auxiliares frente a la sede de la Mutua Universal. Tal y como recoge la información publicada por el Diario de Avisos, el colectivo, que presta servicio a través de la concesionaria Atende, ha denunciado la sistemática negativa de la entidad aseguradora a calificar como accidentes de trabajo diversas patologías y situaciones de riesgo derivadas de su actividad profesional.
El conflicto pone de manifiesto una brecha en la gestión de la prevención de riesgos laborales en un sector altamente feminizado —de los 300 empleados que atienden a cerca de 1.300 usuarios, 280 son mujeres—. La presidenta del comité de empresa, Verónica González, ha subrayado que la problemática trasciende la mera gestión administrativa de las bajas, señalando la vulnerabilidad extrema a la que se enfrentan las trabajadoras en el desempeño de sus funciones. En el último año, se han registrado ocho denuncias por agresiones sexuales, además de episodios de acoso y amenazas, una realidad que, según el comité, no está siendo abordada con la debida diligencia por parte de la empresa ni de la Mutua.
Desde una perspectiva técnica, el caso de Santa Cruz de Tenerife ilustra la dificultad de aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en entornos de trabajo atomizados y privados. A diferencia de un centro de trabajo convencional, el domicilio particular presenta variables de seguridad incontrolables, desde la movilización de pacientes encamados hasta las condiciones de higiene o los riesgos inherentes a los desplazamientos entre hogares, los cuales el comité reclama que sean integrados en el cómputo de la jornada laboral y en los protocolos de seguridad.
La protesta, que contó con el respaldo de organizaciones como Drago Canarias, la plataforma 7M y la asociación Mercedes Machado, ha servido para visibilizar una demanda histórica: la exigencia de una evaluación de riesgos real que contemple la violencia externa como un peligro laboral reconocido. La negativa de la Mutua a recibir a las representantes sindicales durante la concentración no ha frenado la determinación del colectivo, que insiste en que la protección de su integridad física no puede quedar supeditada a la interpretación de la aseguradora.
Este episodio subraya la urgencia de revisar los protocolos de las empresas concesionarias en el ámbito de los servicios sociales, un sector que, a pesar de su carácter esencial, sigue enfrentándose a una invisibilidad estructural. La reivindicación de las trabajadoras del SAD tinerfeño no solo busca una respuesta ante los incidentes ya ocurridos, sino un cambio de paradigma que garantice que la seguridad de las auxiliares sea una prioridad institucional, independientemente de la naturaleza del entorno en el que deban prestar sus cuidados.