Santa Cruz de Tenerife afronta multas y posibles responsabilidades penales si no retira el monumento a Franco
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se enfrenta a posibles sanciones económicas y responsabilidades penales si incumple el mandato del Ministerio de Memoria Democrática de retirar el monumento a Franco tras confirmarse que la obra carece de protección como Bien de Interés Cultural.
La tensión institucional en torno al monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife ha alcanzado un punto de inflexión tras conocerse, según ha trascendido en las últimas horas, que el Ayuntamiento capitalino se expone a sanciones económicas de hasta 10.000 euros si desoye el mandato del Ministerio de Memoria Democrática. La resolución estatal, que exige la retirada de este vestigio de la vía pública en un periodo de seis meses, sitúa al Consistorio ante una encrucijada jurídica que podría derivar, incluso, en responsabilidades penales por prevaricación para sus representantes públicos si se mantiene la negativa a ejecutar el desmantelamiento.
El marco legal vigente, derivado de la Ley de Memoria Democrática, establece una escala de penalizaciones que clasifica el incumplimiento de estas órdenes como una infracción grave. Más allá de la multa pecuniaria, la normativa contempla la ejecución subsidiaria: el Estado o la comunidad autónoma tendrían la potestad de retirar el elemento por cuenta propia, trasladando el coste íntegro de la operación a las arcas municipales. Este escenario se perfila mientras los servicios jurídicos del Ayuntamiento valoran la interposición de un recurso contra la orden ministerial, lo que podría dilatar los plazos inicialmente previstos.
La situación administrativa se encuentra actualmente en una fase de transición. El cronómetro para el cumplimiento de la resolución no comenzará a correr hasta que el Gobierno de Canarias formalice el cierre del expediente que descarta la declaración de la obra de Juan de Ávalos como Bien de Interés Cultural (BIC). En este sentido, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha subrayado que, una vez que la Comisión de Patrimonio Cultural ha determinado la ausencia de protección patrimonial para la escultura, el Ejecutivo regional se desentiende del proceso, delegando la responsabilidad de actuación en la administración local.
Mientras el debate jurídico se intensifica, el futuro del monumento ha generado propuestas alternativas desde diversos sectores. Alberto Rodríguez, portavoz de Drago Canarias, ha planteado una solución de carácter simbólico y práctico: la fundición del bronce y el hierro de la estructura para reutilizar los materiales en la construcción de un parque infantil. Esta postura, que rechaza cualquier intento de resignificación del espacio, pone de relieve la creciente presión social para que la capital tinerfeña elimine definitivamente un elemento que, bajo la óptica de la actual legislación estatal, contraviene los principios de exaltación democrática. La incertidumbre sobre si el Ayuntamiento optará por la vía judicial o por el acatamiento de la orden marcará, en los próximos meses, la resolución de un conflicto que lleva años polarizando la agenda política local.