Santa Cruz activa una vía de urgencia para desbloquear la reapertura de la playa de Benijo
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife activa un mecanismo de urgencia para desbloquear los permisos autonómicos necesarios y estabilizar el talud de la playa de Benijo, cerrada desde julio de 2024 por riesgo de desprendimientos.
La burocracia administrativa se ha convertido en el principal escollo para la reapertura de la playa de Benijo, en Anaga, un enclave que permanece clausurado desde el pasado 8 de julio de 2024. Según informa el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Consistorio ha activado un mecanismo de urgencia en su Junta de Gobierno con el objetivo de desbloquear la parálisis que sufre el proyecto de estabilización del talud, cuya ejecución depende de la autorización de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario.
Este movimiento administrativo no constituye una obra de emergencia per se, sino una herramienta jurídica diseñada para acelerar los permisos necesarios ante el organismo autonómico. La intervención es crítica, dado que el riesgo de desprendimientos sobre la vía de acceso —que ya registró impactos de rocas antes del cierre— sigue vigente. A pesar de que el Ayuntamiento ha invertido recursos en vallados y señalización, la realidad operativa es preocupante: desde el inicio de la prohibición de acceso, los servicios de seguridad, incluyendo Policía Local y Protección Civil, han contabilizado más de 50 incidencias derivadas de intrusiones a través de senderos no autorizados, lo que evidencia la dificultad de controlar un entorno natural de difícil acceso.
El proyecto técnico, finalizado en diciembre de 2024, contempla una inversión de 2,1 millones de euros, una partida que ya cuenta con financiación del Gobierno de Canarias. Sin embargo, la tramitación ha sufrido un retraso significativo desde que el Consistorio solicitara formalmente la ocupación del dominio público marítimo-terrestre en noviembre de 2025. La estrategia actual, defendida tanto por el alcalde, José Manuel Bermúdez, como por el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, busca armonizar la celeridad que exige la seguridad ciudadana con el cumplimiento estricto de los procedimientos legales que impone la concesión administrativa.
Este caso pone de relieve la complejidad de gestionar espacios naturales protegidos donde la seguridad física de los usuarios colisiona con la rigidez de las competencias en materia de costas. Mientras se aguarda la luz verde definitiva para iniciar las obras de estabilización, el Ayuntamiento mantiene el dispositivo de vigilancia para evitar que la persistencia de los bañistas en acceder a la zona derive en un accidente de consecuencias irreparables. La declaración de actuación de emergencia se presenta, por tanto, como el último recurso municipal para forzar una resolución que permita recuperar la normalidad en uno de los puntos más emblemáticos del litoral tinerfeño.