Santa Cruz de Tenerife gestiona más de 1.100 expedientes por vehículos abandonados desde 2025
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha gestionado 1.120 expedientes por vehículos presuntamente abandonados desde 2025, priorizando la mediación con los propietarios para liberar espacio público sin recurrir a la retirada forzosa.
La gestión del espacio público en Santa Cruz de Tenerife se enfrenta a un desafío creciente derivado de la acumulación de vehículos en desuso, una problemática que ha obligado al Consistorio a intensificar su actividad administrativa. Según los datos expuestos por la concejala de Seguridad, Gladis de León, durante la reciente comisión de control municipal, el Ayuntamiento ha gestionado un total de 1.120 expedientes relacionados con turismos presuntamente abandonados en la vía pública desde el inicio de 2025. Esta cifra se desglosa en 807 actuaciones iniciadas el pasado ejercicio y 313 adicionales registradas en lo que va de 2026, en respuesta a una interpelación del grupo socialista sobre la eficacia del denominado Plan B.
El enfoque actual del Ejecutivo local prioriza la mediación y el asesoramiento frente a la vía sancionadora. El objetivo de este protocolo es incentivar que los titulares retiren sus vehículos por cuenta propia, evitando así el complejo y dilatado procedimiento administrativo que conlleva la declaración formal de abandono. De acuerdo con la información facilitada, esta estrategia ha permitido liberar 15 plazas de aparcamiento en la vía pública durante el presente año. No obstante, la mayoría de los casos analizados no han culminado en una retirada forzosa, ya sea porque los vehículos no cumplían con los criterios legales de abandono o porque los propietarios optaron por trasladarlos a otras ubicaciones. Actualmente, solo diez expedientes se encuentran en fase de notificación administrativa.
Para llevar a cabo estas labores, el cuerpo de Policía Local ha constituido un grupo especializado que coordina sus acciones con los agentes operativos de los distintos distritos, encargados de detectar y reportar las incidencias sobre el terreno. Esta operativa se enmarca en un contexto normativo estricto, donde la Ley de Tráfico actúa como marco regulador principal tras la derogación de la antigua ordenanza municipal de 1998.
La concejala subrayó la complejidad jurídica que rodea estas actuaciones, recordando que el artículo 105 de la Ley de Tráfico limita la retirada inmediata de vehículos a supuestos específicos, como aquellos que generen riesgos para la seguridad vial, obstaculicen la circulación o se encuentren en zonas reservadas. Por su parte, el artículo 106 establece las condiciones para el traslado a centros autorizados de tratamiento —como la permanencia prolongada en un mismo punto, la ausencia de placas de matrícula o la presencia de daños estructurales—, siempre bajo la premisa ineludible de notificar previamente al titular. Este equilibrio entre la recuperación del espacio público y el respeto a la propiedad privada constituye, hoy por hoy, el eje central de la política municipal en materia de movilidad y ordenación urbana en la capital tinerfeña.