Santa Cruz de Tenerife llevará al Cabildo a los tribunales por la gestión de la depuradora de Buenos Aires
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife llevará a los tribunales al Consejo Insular de Aguas para exigir que asuma la gestión de la depuradora de Buenos Aires, al considerar que su carácter supramunicipal excede las competencias locales.
La batalla administrativa por la gestión de las infraestructuras hidráulicas en Tenerife ha alcanzado un punto de inflexión. Tal y como ha trascendido tras la última Junta de Gobierno local, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido elevar a los tribunales su disputa con el Consejo Insular de Aguas (CIATF), dependiente del Cabildo, al considerar que la administración insular elude sus responsabilidades legales sobre la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires.
El conflicto, que se judicializará mediante un recurso contencioso-administrativo, tiene su origen en la naturaleza supramunicipal de la planta ubicada en Cabo Llanos. Aunque la titularidad y el peso operativo recaen actualmente sobre la capital tinerfeña, la infraestructura procesa vertidos procedentes también de los municipios de La Laguna y El Rosario. De hecho, los datos técnicos reflejan que más de la mitad del caudal tratado en la instalación proviene de estas localidades limítrofes, una realidad que, a juicio del equipo de gobierno municipal, invalida que el Consistorio capitalino deba sufragar y gestionar en solitario un servicio de alcance comarcal.
La postura del Cabildo, que ha condicionado el traspaso de competencias a la finalización de las obras de ampliación que actualmente ejecuta el Ministerio de Transición Ecológica, ha sido calificada por el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, como una táctica dilatoria. El Ayuntamiento sostiene que la normativa vigente en materia de aguas es clara al asignar la gestión de sistemas supramunicipales al ente insular, independientemente del estado de las obras de mejora. Esta discrepancia no es nueva; el Consistorio ha intentado sin éxito resolver la situación por la vía administrativa en los años 2020, 2022 y 2024, agotando la vía del diálogo antes de optar por la judicialización.
Desde la perspectiva jurídica, el Ayuntamiento busca ahora que un juez dirima si el CIATF puede legítimamente posponer la asunción de sus competencias hasta que concluyan los trabajos estatales, cuya finalización está prevista para finales de 2025. Para el alcalde, José Manuel Bermúdez, esta situación supone una anomalía que contraviene la seguridad jurídica necesaria en un servicio esencial. La administración local ha anunciado que la formalización de la demanda ante los juzgados se producirá en el plazo aproximado de un mes, marcando el inicio de una fase litigiosa que pretende poner fin a décadas de gestión municipal sobre una infraestructura que, por volumen y origen de sus aguas, excede las competencias estrictamente locales.