El 68% de los expedientes por vehículos abandonados en Santa Cruz de Tenerife termina en archivo
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife archivó el 68% de los expedientes por vehículos abandonados en el primer semestre de 2024 debido a la rigidez de la normativa estatal que dificulta su retirada de la vía pública.
La gestión de los vehículos que permanecen estacionados de forma prolongada en las calles de Santa Cruz de Tenerife se ha convertido en un laberinto burocrático que lastra la eficacia de la administración local. Tal y como ha dado a conocer el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, la Policía Local tramitó 304 expedientes durante el primer semestre de 2024 para declarar el abandono de turismos en la vía pública; sin embargo, el 68% de estas actuaciones —un total de 209 casos— han terminado en archivo sin que se pudiera proceder a la retirada de los bienes.
Esta elevada tasa de fracaso administrativo responde a la rigidez del Real Decreto Legislativo 6/2015, que regula la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La normativa estatal impone un marco garantista que protege el derecho de propiedad, exigiendo que el vehículo permanezca inmovilizado en el mismo punto durante un periodo superior a un mes. Este requisito de permanencia se revela como el principal escollo: cualquier movimiento del vehículo, incluso si es realizado por terceros durante el proceso, obliga a los agentes a clausurar el expediente abierto y comenzar el procedimiento desde cero, lo que genera una duplicidad de tareas y una dilación constante en los plazos.
Más allá de la inmovilidad, la ley exige que el coche presente daños que imposibiliten su circulación. Ante este escenario, el Consistorio aplica una doble vía: mientras se intenta cumplir con los plazos legales para la declaración de abandono, la Policía Local activa la ordenanza municipal, que permite sancionar al titular si el vehículo permanece más de diez días en la misma ubicación. Este seguimiento paralelo busca presionar para que el propietario retire el coche o, en el mejor de los casos, autorice su traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento para su descontaminación y desguace.
El balance de estos seis meses arroja una cifra de 13 vehículos retirados definitivamente de las calles. Esta escasa operatividad pone de relieve la dificultad de las corporaciones locales para limpiar el espacio público de chatarra rodante cuando los titulares no colaboran voluntariamente. La complejidad del procedimiento, que incluye notificaciones obligatorias y periodos de alegaciones, convierte la retirada forzosa en una excepción, dejando el grueso de los expedientes en un limbo administrativo que, lejos de resolverse, se perpetúa por la propia naturaleza de la normativa vigente.