Santa Cruz de Tenerife destina 14,8 millones a ayudas sociales tras un aumento histórico en la demanda
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinó 14,8 millones de euros a ayudas sociales en 2025, priorizando la alimentación y la vivienda ante el aumento de la demanda de las familias vulnerables.
La gestión de los servicios sociales en Santa Cruz de Tenerife ha experimentado una transformación estructural sin precedentes durante el último ejercicio, consolidando un modelo de intervención pública que prioriza la cobertura de necesidades básicas. Tal y como recogen los datos oficiales del Consistorio, el municipio cerró 2025 con un despliegue de 75.326 ayudas sociales, una cifra que ilustra la creciente dependencia de las familias vulnerables hacia el sistema municipal de protección.
El análisis de estas cifras revela una tendencia preocupante: la alimentación y la subsistencia se han convertido en el eje central de la política asistencial, absorbiendo casi el 90% de las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS). Este fenómeno ha obligado al Ayuntamiento a realizar un esfuerzo presupuestario histórico, destinando 14,8 millones de euros a este fin. Esta cifra contrasta drásticamente con los 1,4 millones invertidos en 2010, un salto cuantitativo que refleja tanto la inflación de los costes de vida como el aumento en la carga de trabajo de las Unidades de Trabajo Social (UTS), que han pasado de gestionar 22.047 expedientes hace quince años a superar los 40.000 en la actualidad.
El impacto de esta inversión se observa en la evolución de las partidas específicas. Mientras que en 2011 la ayuda a la alimentación apenas superaba los 186.000 euros, en 2025 esta cifra escaló hasta los 8,9 millones, consolidándose como el pilar del sistema mediante tarjetas monedero y apoyos directos que pueden alcanzar los 300 euros mensuales para familias numerosas. Paralelamente, el ámbito de la vivienda ha registrado un incremento notable, pasando de 494.000 euros a casi 4 millones anuales, con una actualización al alza en los topes máximos para alquileres, hipotecas y gastos comunitarios.
De cara a 2026, el equipo de gobierno local, encabezado por José Manuel Bermúdez, ha anunciado la continuidad de este modelo, integrando nuevas líneas de actuación que abarcan desde la discapacidad —con subvenciones de hasta 6.000 euros para adaptaciones— hasta la gratuidad en escuelas infantiles para rentas inferiores a 900 euros mensuales. La concejala de Políticas Sociales, Charín González, ha subrayado que la estrategia actual busca trascender el asistencialismo básico, incorporando mejoras en la teleasistencia y una optimización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para reducir los tiempos de espera.
Este incremento en la intensidad de la protección social en la capital tinerfeña se enmarca en un contexto nacional donde los ayuntamientos han asumido un rol protagonista como primera línea de contención ante la precariedad económica. La capacidad de respuesta del Consistorio, que llegó a gestionar más de 72.000 atenciones durante la crisis sanitaria, se enfrenta ahora al reto de mantener la sostenibilidad financiera de un sistema que, lejos de reducirse, ha tenido que adaptar sus cuantías y coberturas a una realidad social cada vez más compleja y exigente.