Santa Cruz de Tenerife solicita a la DGT una prórroga de un año para adaptar sus semáforos a la nueva normativa
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado a la DGT una moratoria de doce meses para adaptar sus semáforos a la nueva normativa estatal de seguridad vial, alegando la complejidad técnica y operativa que requiere la reforma de 138 cruces urbanos.
La seguridad vial en los entornos urbanos se enfrenta a un desafío logístico de gran calado en Santa Cruz de Tenerife. Tal y como ha trascendido a través de los canales oficiales del Consistorio, la administración local ha solicitado formalmente a la Dirección General de Tráfico (DGT) una moratoria de doce meses para implementar las nuevas exigencias del Reglamento General de Circulación, cuya entrada en vigor está fijada para este 1 de octubre tras la aprobación del Real Decreto 518/2026 el pasado mes de junio.
El núcleo de la controversia reside en la nueva configuración de los pasos de cebra. La normativa estatal prohíbe, con carácter general, la simultaneidad entre la luz ámbar intermitente para los conductores y la fase verde para los viandantes, exigiendo además que el aviso amarillo sea precedido por una señal roja fija. Esta medida, enmarcada en una estrategia nacional para reducir la siniestralidad de los colectivos más desprotegidos —peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal—, supone una reconfiguración técnica de gran envergadura para la capital tinerfeña.
El Ayuntamiento justifica su petición de prórroga basándose en la complejidad operativa que implica la reforma. Según las estimaciones municipales, la adecuación requiere intervenir en 138 cruces, lo que se traduce en 262 actuaciones diferenciadas. De estas, 122 exigen modificaciones físicas en el equipamiento, mientras que al menos 59 intersecciones demandan una reprogramación integral de sus ciclos semafóricos. Los técnicos municipales advierten que no es posible aplicar una solución estandarizada, ya que cada punto requiere un estudio individualizado para evitar alteraciones en la fluidez del tráfico y garantizar la coordinación entre los distintos nodos de la red.
Aunque el Consistorio ha señalado que los ensayos preliminares han detectado posibles incidencias en la circulación, no se han hecho públicos informes técnicos detallados ni una estimación presupuestaria del coste que supondrá esta transición. La administración local argumenta que el margen de tres meses entre la publicación de la norma y su aplicación efectiva ha resultado insuficiente para completar el ciclo de adquisición de materiales, montaje y validación de seguridad que requiere una intervención de esta magnitud.
Este escenario pone de manifiesto la tensión habitual entre la implementación de políticas estatales de seguridad vial y la capacidad de respuesta de las administraciones locales, que deben gestionar la convivencia entre la normativa de tráfico y la realidad física de sus infraestructuras urbanas. Mientras la DGT mantiene su hoja de ruta para la protección de los usuarios vulnerables, Santa Cruz de Tenerife se encuentra a la espera de una respuesta que determine si podrá ejecutar estos cambios de forma escalonada o si deberá acelerar sus procesos para cumplir con el calendario nacional.