Santa Cruz de Tenerife inicia la tramitación de su Zona de Bajas Emisiones para evitar la pérdida de fondos estatales
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inicia la tramitación de su Zona de Bajas Emisiones para evitar la devolución de fondos estatales, mientras aprueba una reforma en el Servicio de Ayuda a Domicilio que genera incertidumbre laboral.
La capital tinerfeña se enfrenta a una encrucijada administrativa marcada por la presión de los plazos estatales. Tal y como ha trascendido tras la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el consistorio ha iniciado la tramitación de la normativa que regulará su futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un paso obligado para evitar la devolución de 11 millones de euros en fondos públicos ya ejecutados. El Gobierno central ha fijado el 30 de junio como fecha límite para la aprobación definitiva de este marco regulatorio, una "espada de Damocles" que condiciona la agenda política local.
El proyecto, que ahora se abre a un periodo de exposición pública y alegaciones, delimita un área restringida que abarca el perímetro comprendido entre el Barranco de Santos, la avenida de Anaga y las calles Méndez Núñez y San Isidro. La estrategia municipal, según ha manifestado el alcalde José Manuel Bermúdez, busca blindar la ordenanza frente a la litigiosidad que ha afectado a otras ciudades españolas, donde los tribunales han revocado normativas similares por defectos de forma o fondo. A pesar de las reticencias expresadas por el equipo de gobierno —y específicamente por la concejalía de Movilidad, que cuestiona la imposición estatal para municipios de más de 50.000 habitantes—, la administración local se ve compelida a cumplir con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
En términos operativos, la restricción de acceso se activará de lunes a sábado, entre las 07:00 y las 20:00 horas. No obstante, el diseño de la norma es flexible: los vehículos con distintivos Cero, ECO, C y B, así como bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal (VMP), mantendrán el acceso libre. El veto se circunscribe exclusivamente a los turismos de gasolina anteriores a 2001 y a los diésel matriculados antes de 2006, estableciéndose además un régimen de exenciones y una moratoria que posterga la aplicación plena de las sanciones hasta 2029.
Más allá de la movilidad, el Pleno ha dado luz verde definitiva a la reestructuración del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Este cambio de modelo, que busca eliminar los topes de usuarios mediante la creación de una bolsa de entidades autorizadas, permite a los beneficiarios optar entre la atención directa o una prestación económica para la contratación privada del servicio. Sin embargo, esta transición ha generado incertidumbre laboral, con el colectivo de trabajadoras de la actual empresa adjudicataria expresando su temor ante una posible pérdida de empleos durante el proceso de licitación y cambio de gestión.