Santa Cruz de Tenerife reforma sus políticas sociales para combatir la vulnerabilidad y el sinhogarismo
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reforma sus políticas sociales mediante la integración del IMAS, la descentralización de la atención al sinhogarismo y un nuevo modelo de ayuda a domicilio para combatir la creciente vulnerabilidad y el fenómeno del trabajador pobre.
La gestión de las Políticas Sociales en Santa Cruz de Tenerife atraviesa una fase de transformación estructural, marcada por la integración del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) en el organigrama consistorial. Tal y como recoge una reciente entrevista concedida por la concejala del área, Charín González, el municipio se encuentra inmerso en una reconfiguración de sus servicios básicos para adaptarse a una realidad demográfica y socioeconómica que, lejos de estabilizarse, presenta nuevos desafíos de vulnerabilidad.
El eje central de esta hoja de ruta es la reforma del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). El Ayuntamiento proyecta transitar de un modelo de contrato público único hacia un sistema de convenios con entidades colaboradoras. Esta modificación, que coexistirá con la licitación actual durante un periodo de transición de hasta seis años, busca eliminar las listas de espera —que han llegado a registrar picos de 60 personas— mediante la concesión directa de prestaciones, permitiendo una mayor flexibilidad ante el envejecimiento poblacional de la capital. La previsión es que el nuevo esquema cubra la demanda que exceda el umbral de los 1.300 usuarios del contrato principal.
En el ámbito del sinhogarismo, la administración local admite una situación de estancamiento crónico. A pesar de los esfuerzos, la falta de seguridad jurídica para intervenir en casos de personas con patologías de salud mental o adicciones que rechazan la asistencia —con 27 expedientes actualmente en Fiscalía— genera una limitación operativa notable. Ante este escenario, el Consistorio plantea un cambio de paradigma para el próximo trienio: descentralizar la atención concentrada en el Centro Municipal de Acogida mediante la creación de unidades residenciales dispersas por el territorio, una estrategia que busca facilitar la autonomía de los usuarios y reducir el estigma social.
La radiografía social del municipio revela un fenómeno preocupante: la consolidación del trabajador pobre. Aunque las cifras de desempleo han experimentado un descenso, el perfil de los usuarios de los servicios sociales ha mutado hacia familias con ingresos laborales que resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas como el alquiler o la alimentación. Este contexto ha obligado a una movilización de recursos significativa, con una partida de cuatro millones de euros destinada exclusivamente a ayudas al alquiler en 2025, y un refuerzo de la plantilla municipal que ya roza los 200 efectivos, incluyendo la reciente incorporación de trabajadores sociales y personal técnico para proyectos de proximidad.
Finalmente, la estrategia municipal se extiende a la conciliación familiar, donde la gratuidad en las escuelas infantiles se perfila como el primer paso de una política más amplia. El Ayuntamiento ha iniciado la implementación de programas de acogida temprana en centros públicos con una inversión superior a los 400.000 euros, con la mirada puesta en la futura ampliación de las actividades extraescolares. Todo ello bajo la premisa de que la coordinación interadministrativa sigue siendo la asignatura pendiente para evitar que la complejidad de los procedimientos burocráticos se convierta en una barrera adicional para el ciudadano.